El Ayuntamiento de Laredo, mediante la propuesta del alcalde, se encamina hacia una decisión de enorme gravedad jurídica, económica y política al asumir con fondos públicos el coste de la ejecución de la sentencia del Aparthotel Tenis, derivada de un exceso edificatorio que los propios Tribunales ya determinaron que “no es imputable al Ayuntamiento”. Así, se ha expresado Unidos x Laredo en las vísperas de una sesión extraordinaria, que tendrá lugar este jueves, a partir de las ocho de la mañana, para la aprobación de un gasto plurianual vinculado a este expediente.
Según la propuesta de acuerdo plenario, el consistorio pretende aprobar un gasto de 5.150.000 euros para ejecutar un auto judicial reciente, incluyendo obra, adquisición de parcela e indemnizaciones. Una cifra desproporcionada que, de materializarse, recaerá directamente sobre todos los vecinos de Laredo, han denunciado.
Para el citado partido local “lo más grave no es el importe. Es que esta decisión contradice frontalmente el contenido de las sentencias firmes. Concretamente la Sentencia del TSJ de Cantabria de 14 de febrero de 2002 dejó claro: que el exceso edificatorio (vuelos, terrazas y bajo cubierta) se ejecutó sin cobertura administrativa; la demolición afecta exclusivamente a esos elementos ilegales; no existe relación de causalidad imputable al Ayuntamiento en el daño derivado de esa construcción, por lo que, en consecuencia, no procede condenar al Ayuntamiento al pago de los costes derivados de la ejecución”.
“Es decir: la Justicia ya fijó con claridad que el Ayuntamiento no es responsable ni del exceso edificatorio ni de sus consecuencias económicas. La ejecución de sentencia no puede convertirse en un mecanismo para alterar el contenido del Fallo judicial. Sin embargo, eso es exactamente lo que está ocurriendo” han manifestado desde Unidos x Laredo.
Del mismo modo, recuerdan que “el propio voto particular al Auto de 5 de marzo de 2026 advierte de forma contundente: Que la ejecución no puede transformarse en un acuerdo negociado entre partes; que no cabe introducir nuevas obligaciones económicas no previstas en la sentencia, y, por último, que hacerlo supondría alterar la cosa juzgada y vulnerar el principio de legalidad”.
Pese a ello, el Ayuntamiento, a través de la propuesta del alcalde —quien, sin el debido contraste ni respaldo previo de la Corporación, dio por asumidas las obligaciones surgidas, tal como se recoge en el acto de la vista— pretende ahora materializar “un acuerdo que supone tres cosas gravísimas” según se destaca desde UxL.
A este respecto se subrayan distintos aspectos desde el referido partido local:”En primer lugar, la introducción de una operación urbanística completamente nueva (adquisición de parcela y modificación del planeamiento); en segundo, la asunción por el Ayuntamiento del coste íntegro de la ejecución y, en tercer lugar, la incorporación de indemnizaciones adicionales no derivadas directamente del Fallo judicial. En definitiva, no se trata de ejecutar la sentencia, sino de asumir voluntariamente un marco de obligaciones ajeno a su contenido” han resaltado.
Para Unidos x Laredo “nada de esto forma parte del contenido originario del fallo judicial de 1990 ni de su delimitación posterior por el Tribunal Supremo en 1999. La sentencia original era clara: demoler lo ilegal (vuelos, terrazas y lo construido sobre el gálibo de 45º)” han puntualizado.
Y añaden que “sin embargo, el acuerdo ahora impulsado, que acepta totalmente lo que han propuestos los propietarios del Tenis, transforma esa obligación en:Una operación urbanística compleja y difícilmente justificable. Resulta incomprensible que, si la sentencia se limita a ordenar la demolición de los elementos ilegales —terrazas y excesos edificatorios— para restablecer la legalidad, se pretenda ahora añadir la compra de una finca anexa, el derribo de edificaciones y su transformación en un parque público, todo ello a costa de los vecinos de Laredo” han lamentado.
Además, tal como señala Unidos x Laredo, se introduce la necesidad de tramitar una modificación del PGOU que no aparece en ningún punto de la sentencia ni de su ejecución. “Es una exigencia que surge exclusivamente de la propuesta de los propietarios y que el Ayuntamiento asume sin base jurídica en el fallo. En otras palabras, se está comprando como obligación lo que no es más que una iniciativa privada: una deriva difícil de justificar y completamente ajena al contenido de la sentencia”.
En este contexto, esta formación política hace hincapié especialmente la carga económica que repercute negativamente en las arcas públicas al incidir “en una transferencia de millones de euros de dinero público a una ejecución que no corresponde al Ayuntamiento”.
“Se pretende ahora utilizar los más de tres millones de euros que el Ayuntamiento tenía previstos para una ejecución subsidiaria —que debían asumir terceros particulares— para convertirlos en un pago directo con dinero público. Es decir, que lo que tenían que pagar otros, lo acaben pagando todos los laredanos. Un cambio sin justificación. Simplemente, inaceptable” han enfatizado.
En opinión de Unidos x Laredo “aceptar esta propuesta no es ejecutar la sentencia, es ir mucho más allá de lo que ésta exige. Supone, en realidad, asumir un coste que la Justicia no impone, fruto de un acuerdo entre los propietarios y el Ayuntamiento —eso sí, condicionado a su aprobación en Pleno—. Cargar con una responsabilidad que los Tribunales han descartado expresamente” han precisado.
Del mismo modo, entienden, que se abre un precedente muy peligroso: “que los errores urbanísticos de carácter privado terminen pagándose con dinero público, pese a existir una sentencia firme que exonera al Ayuntamiento de esa obligación”.
Para Ux L lo que está en juego no es solo el “caso Tenis”, para agregar que “es el respeto al Estado de Derecho. Porque cuando una Administración decide pagar lo que no debe pagar, no está cumpliendo la Ley, sino que la está desbordando.Y cuando eso ocurre, la factura no es solo económica. Es institucional.Y la acaban pagando, siempre, los ciudadanos”.
“Conviene dejarlo claro: que nadie se confunda. El Auto no impone ningún mandato derivado de una decisión judicial en sentido estricto; lo que hace es recoger y trasladar la propuesta planteada por los propietarios del Aparthotel Tenis, a la espera de que el Ayuntamiento la asuma o no” han reiterado.
Y recuerdan que el propio Magistrado ponente lo dice sin ambigüedades: “Este Auto tiene por objeto documentar las obligaciones que asumieron todas las partes en el acto de la vista”. Es decir, afirman seguidamente, que “el Auto no crea una obligación nueva ni ejecuta por sí mismo el fallo, sino que se limita a reflejar un acuerdo entre partes, cuya validez y asunción dependen, en última instancia, de la voluntad del Ayuntamiento”.
Ramón Arenas, portavoz de Unidos x Laredo, lo ha afirmado con rotundidad: “los concejales que voten a favor de esta propuesta —que pretende hacer asumir al Ayuntamiento un coste que no le corresponde— deberán ser plenamente conscientes de que existe una sentencia firme que lo exonera de ese pago”
Y añade, finalmente, que “las resoluciones judiciales son de obligado cumplimiento. Votar en contra de lo que establece la sentencia de 14 de febrero de 2002 del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria obliga, como mínimo, a reflexionar sobre las posibles responsabilidades en que se podría incurrir al actuar al margen de lo resuelto por los Tribunales.”
