El Pleno del Ayuntamiento de Laredo ha aprobado por mayoría(Equipo de Gobierno y PRC) un gasto plurianual de 5.150.000 euros, fruto del acuerdo de partes recogido en un Auto de cinco de marzo de la Sala de lo Contencioso Administrativo incorporado al expediente relativo al proyecto de derribo parcial de las obras ilegales en el aparthotel “Tenis” en Laredo. El posicionamiento del resto de Grupos fue contrario a la asunción por el Consistorio de la responsabilidad en este expediente urbanístico, que data de hace más de 38 años, por entender que diversos sentencias judiciales firmes exoneran al ente local. El acuerdo de Pleno de hoy tiene por objeto llevar “a puro y debido efecto” lo recogido en el citado Auto del TSJC, que no sentencia.
Este Auto se produce tras una propuesta de los propietarios, que contemplaba la adquisición de una finca colindante, en el plazo de cuatro meses, es decir, antes del cinco de julio de 2026. Esta finca será adquirida posteriormente por el Ayuntamiento que tiene el mismo plazo para consignar en la cuenta del TSJC, las cantidades necesarias para la compra de la misma “y las garantías de cumplimiento de estas obligaciones”. A tal efecto, la Sala acuerda que antes del 5 de junio de 2026, el Consistorio consigne en la cuenta del TSJ, la cantidad que tiene reservada para esta ejecución y que en la vista se fijó en 3.200.000 euros, para, al año siguiente aportar la cantidad restante hasta totalizar los más de cinco millones de euros establecidos en los acuerdos.
En la sesión corporativa de esta mañana, que comenzó con una acalorada disputa entre el alcalde y los Grupos de la Oposición, que lamentaron no haber pedido acceder a la información del expediente, por errores telemáticos, además de mostrarse muy críticos por la falta de evacuación por la Secretaría General del Ayuntamiento de un informe jurídico solicitado por escrito hace días.
En este contexto, desde la oposición, se ha rechazado el acuerdo propuesto por los propietarios y admitido por el Ayuntamiento, considerando fundamental la Sentencia del TSJ de Cantabria de 14 de febrero de 2002 que dejó claro que el exceso edificatorio (vuelos, terrazas y bajo cubierta) se ejecutó sin cobertura administrativa, afectando la demolición exclusivamente a los citados elementos ilegales, a la par que no existe relación de causalidad imputable al Ayuntamiento en el daño derivado de esa construcción, por lo que, en consecuencia, “no procede condenar al Ayuntamiento al pago de los costes derivados de la ejecución” tal como expuso durante su intervención el portavoz de Unidos x Laredo Ramón Arenas. Para este edil ya la Justicia dejó claro que el Ayuntamiento no es responsable ni del exceso edificatorio, ni de sus consecuencias económicas. Además de subrayar que los ciudadanos de Laredo no deben de soportar estos pagos a través los sus recursos públicos, Arenas precisó que “nada de esto forma parte del contenido originario del fallo judicial de 1990 ni de su delimitación posterior por el Tribunal Supremo en 1999” recalcando el contenido de la sentencia original referida a la demolición de lo ilegal (vuelos, terrazas y lo construido sobre el gálibo de 45º), entendiendo que el acuerdo ahora impulsado, que acepta totalmente lo que han propuestos los propietarios del Tenis, transforma esa obligación en una operación urbanística compleja que comporta la compra de una finca anexa,-sin conocerse el coste exacto de esta propiedad privada-, el derribo de edificaciones y su transformación en un parque público, “todo ello a costa de los vecinos de Laredo””. Del mismo modo, recuerdan que “el propio voto particular al Auto de 5 de marzo de 2026 de un Magistrado advierte de forma contundente que la ejecución no puede transformarse en un acuerdo negociado entre partes; que no cabe introducir nuevas obligaciones económicas no previstas en la sentencia, y, por último, que hacerlo supondría alterar la cosa juzgada y vulnerar el principio de legalidad”. Otro de los aspectos en los que abundó Arenas es la postura adoptada por el alcalde González, quien había ido en solitario desde un principio, negándose a confrontar opiniones con la oposición antes del acto en el TSJC “por lo que, sin el debido contraste ni respaldo previo de la Corporación, dio por asumidas las obligaciones surgidas de una propuesta de los propietarios, nada más”.
Desde la oposición también, se mostraron discrepantes con la vía de financiación elegida por el Equipo de Gobierno para llevar a la práctica “no un Auto de ejecución, sino un acuerdo entre partes” tal como expuso el portavoz socialista Javier Ramírez “ con un gasto que al superar el 10 por ciento establecido debe ser aprobado previamente por el Pleno”. Se refirió igualmente Ramírez al cargo de los más de cinco millones de euros al remanente de Tesorería y se podían explorar otras vías”. El edil socialista no auguró buenos tiempos a las finanzas del Consistorio de cara al futuro más próximo que, en su opinión, quizás tenga que acogerse pronto a un Plan de Estabilidad.
Rosalina López Visitación, recordó en primer lugar la obligación que se tiene desde una alcaldía de defender los intereses municipales, en alusión al acto desarrollado en el TSJC donde lo que se aprobó fue el acuerdo entre el Ayuntamiento con los propietarios y la demandante en este caso. Del mismo modo recordó que la partida que se utiliza para el pago de la cantidad comprometida en el Auto es la destinada a la responsabilidad subsidiaria “no para correr con todos los gastos”. Asimismo, insistió en las dos sentencias firmes que eximen al Ayuntamiento de responsabilidad pecuniaria, al tiempo que lamentaba la inexistencia de un informe jurídico en este ámbito ”porque se han negado a ello”
El regionalista Pedro Diego dijo que votaría a favor de la propuesta “por responsabilidad», y sí se mostró, por el contrario, crítico con la forma de afrontar por la alcaldía el expediente al llegar a un acuerdo previo “cuando no tiene capacidad para ejecutarlo porque debe venir a Pleno”.
Desde el Equipo de Gobierno se defendió la propuesta, haciéndolo con especial vehemencia el alcalde con alusiones a la política nacional y al PSOE y referencias a Pedro Sánchez.
A la hora de la votación, el Grupo municipal de Hacemos Laredo se ausentó del salón de Pleno, pronunciándose a favor de la propuesta el PP, Ola Cantabria, PRC y los concejales Alejandro Abad y David Palacio, y en contra Unidos x Laredo y el PSOE.
