Unidos x Laredo ha interpuesto recurso de reposición contra el acuerdo aprobado por el Pleno municipal el pasado 30 de abril, mediante el cual el Ayuntamiento de Laredo decidió comprometer más de 5,1 millones de euros de dinero público en el denominado asunto “Aparthotel Tenis” que pagarían los laredanos.
El recurso sostiene que el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento no se limita a cumplir lo que ordenó la sentencia firme del Tribunal Supremo sobre el Aparthotel Tenis, sino que va mucho más allá y crea una solución completamente nueva que nunca aparece en dicha sentencia.
Esa nueva solución incluye, la compra de una nueva parcela; la modificación del planeamiento urbanístico; el pago con dinero público de toda la operación; la asunción de nuevas obligaciones económicas y patrimoniales por parte del Ayuntamiento; e incluso el posible pago de indemnizaciones adicionales, que ni han sido sentenciadas.
Es decir, según Unidos x Laredo, el Ayuntamiento no está ejecutando únicamente una sentencia, sino construyendo una operación urbanística y económica distinta, con un enorme coste para las arcas municipales.
Pero existe un hecho todavía más grave: el acuerdo fue llevado a Comisión y posteriormente a Pleno sin informe jurídico preceptivo de Secretaría General, pese a haber sido solicitado formalmente por Unidos x Laredo mediante registro de entrada nº 2026/5313, de fecha 24 de abril de 2026.
“Es decir, el alcalde, Sr. González, impulsó uno de los acuerdos económicamente más importantes y jurídicamente más delicados de los últimos años sin el principal informe de control de legalidad del Ayuntamiento” han enfatizado.
Y aun así, se aprobó comprometer, más de 5 millones de euros; consignar inmediatamente más de 3,1 millones; asumir obligaciones urbanísticas futuras; y alterar el planeamiento para intentar encajar una solución que jamás aparece en la sentencia original.
Ramón Arenas, portavoz de Unidos x Laredo considera extremadamente grave que se pretenda presentar como “simple ejecución de sentencia” lo que en realidad constituye una compleja operación política, urbanística y económica construida sobre acuerdos posteriores y no sobre el fallo originario del Tribunal Supremo.
Por ello, además del recurso, UxL ha solicitado formalmente la suspensión inmediata del acuerdo, advirtiendo expresamente de que la movilización y disposición efectiva de fondos públicos podría generar perjuicios económicos de muy difícil reparación si posteriormente el acuerdo fuese anulado o declarado contrario a Derecho.
Ramón Arenas, Secretario General de UxL, afirma con rotundidad: “No vamos a permitir que se haga pagar a los vecinos de Laredo una operación de millones de euros sin todas las garantías jurídicas, sin informe preceptivo de Secretaría y al margen de lo que realmente establecieron las sentencias firmes” ha concluido.
