El Grupo Municipal Unidos x Laredo (UxL) ha registrado un recurso de reposición ante el Consejo de Gobierno de Cantabria contra el reciente acuerdo que actualiza el precio de venta y renta de las viviendas protegidas.
Este recurso tiene como finalidad proteger los derechos fundamentales de las familias con menor poder adquisitivo y garantizar su acceso efectivo a una vivienda digna, conforme al artículo 47 de la Constitución Española, según han explicado desde esta formación política.
El portavoz del grupo, Ramón Arenas San Martín, ha destacado que el incremento del Módulo Básico Autonómico a 1.016 €/m², junto con los coeficientes aplicados para determinar los precios máximos en distintas zonas de Cantabria, sitúa el coste de estas viviendas en niveles inalcanzables para muchas familias vulnerables. En localidades como Laredo, clasificadas dentro de la Zona A, que es la más elevada de de la región, el precio final puede superar los 1.900 €/m², una cifra que excede ampliamente las posibilidades de quienes más necesitan este tipo de protección.
Los municipios cercanos a Laredo, como Colindres, Limpias, Ampuero y Bárcena de Cicero (Zona B), tienen un precio máximo de vivienda protegida de 1.788,16 €/m², inferior a los 1.901,95 €/m² de Laredo (Zona A). Esta diferencia de 113,79 €/m² supone un agravio comparativo para los residentes de Laredo.
Este margen de diferencia plantea un agravio comparativo, ya que estos municipios, limítrofes o cercanos a Laredo, comparten características económicas, sociales y de mercado inmobiliario similares. Sin embargo, los residentes de Laredo se enfrentan a precios notablemente más elevados, lo que incrementa las barreras económicas para acceder a una vivienda protegida en su propia localidad.
“Este desajuste pone de manifiesto la necesidad de revisar los coeficientes aplicados en la Zona A para equilibrar las oportunidades de acceso a la vivienda protegida en municipios con dinámicas económicas y territoriales comparables” ha manifestado Arenas.
Al despoblamiento de los jóvenes que sufre y padece Laredo, no le beneficia para nada, dado que los más jóvenes “optarán por vivir en los municipios limítrofes”, al ser más barata la vivienda de VPO que en la villa laredana.
Impacto desproporcionado en las clases trabajadoras
El acuerdo, publicado en el Boletín Oficial de Cantabria, intensifica las desigualdades económicas y territoriales al no incluir acciones compensatorias suficientes para quienes tienen ingresos bajos. Según UxL, la medida beneficia de manera desproporcionada a quienes poseen mayor capacidad económica, dejando fuera a los colectivos más vulnerables.
“El acceso a la vivienda no puede convertirse en un privilegio exclusivo para las clases medias y altas o por vivir en un municipio determinado diferente al que vive su familia” ha subrayado el portavoz de Unidos x Laredo.
Este recurso busca corregir una medida que, aunque bienintencionada, amenaza con excluir a quienes más necesitan protección”, afirmó Arenas San Martín.
Propuestas concretas para un cambio necesario
En su recurso, Unidos x Laredo ha solicitado una serie de medidas para mitigar el impacto de la actualización y garantizar la equidad social, entre las que destaca la revisión de los coeficientes aplicados, especialmente en la Zona A, para reducir los precios máximos.
También se plantean subvenciones directas a las familias cuyos ingresos no superen el 60% de la mediana regional, así como el incremento de la inversión pública en vivienda de alquiler social, como alternativa al modelo de adquisición.
Finalmente se pide en el recurso la suspensión temporal de los nuevos precios mientras se realiza un estudio exhaustivo sobre su impacto social y económico, además de un compromiso concreto de compromiso con los más desfavorecidos.
Justicia social
El grupo municipal de Unidos x Laredo reafirma su compromiso con los principios de justicia social y equidad, recordando que la vivienda protegida debe ser un instrumento para garantizar derechos básicos, y no un lujo al alcance de unos pocos. “Las viviendas protegidas deben ser un pilar de inclusión y justicia, no un lujo inaccesible”, señaló Arenas San Martín. Por ello, y finalmente, este partido local confía en que el Consejo de Gobierno valore estas alegaciones “desde una perspectiva inclusiva y solidaria”, adoptando medidas que refuercen el derecho a una vivienda digna para todos, en especial para quienes más la necesitan.
