El Partido Animalista PACMA presentará una denuncia ante la Fiscalía tras la matanza de una loba lactante en Cantabria en la primera semana de junio en la comarca del Besaya (Cantabria). Posiblemente, la matanza se produjo con motivo de la Resolución de 2 de abril de 2025, por la que se establece el cupo de extracción de ejemplares de lobo, aprobada por el Gobierno de Cantabria y que, actualmente, se encuentra recurrida ante el TSJ. El animal había sido fotografiado gestando en mayo, y su ejecución se produjo tras haber parido, lo que implica la muerte de cachorros de menos de un mes de vida y amplifica gravemente el impacto de la matanza.
PACMA denunciará esta acción pues, según afirma un testigo, habría sido ejecutada por orden de la administración autonómica para «responder a las exigencias de un ganadero», lo que supondría, de ser cierto, un «acto deliberado de exterminio planificado y amparado por las instituciones». “Hasta la fecha, el Gobierno de Cantabria ya ha mostrado con creces su campaña de persecución y erradicación del lobo”, en una comunidad donde el cupo de extracción de lobos en 2025 es de 41, y solo 5 en la comarca del Besaya. Sin embargo, las muertes colaterales de cachorros lactantes a raíz de la eliminación de la madre no son tenidas en cuenta para dicho cupo.
PACMA denuncia que las órdenes de caza no solo siguen siendo desproporcionadas, sino que se aplican sin controles eficientes, aprovechando que los agentes medioambientales a menudo no están presentes o no tienen capacidad para fiscalizar las batidas mientras se desarrollan. De haberse producido la muerte de esta loba y sus cachorros a causa de la Resolución de 2 de abril de 2025, desde PACMA afirman que el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria habría sido «cómplice necesario» de esta matanza al haber denegado las medidas cautelares solicitadas para suspender las órdenes de extracción mientras se resolvían los recursos judiciales. “Esta loba y sus cachorros serían, presuntamente, víctimas no solo del Gobierno de Cantabria, sino también de un poder judicial que habría fallado gravemente en su deber de proteger la legalidad y el interés general”.
PACMA, que ya ha logrado sentencias que anulan órdenes de caza por ilegales, exige una moratoria inmediata de todas las autorizaciones de extracción y una revisión profunda del papel de la justicia en la protección efectiva de la biodiversidad. Mientras tanto, anuncian que seguirán acudiendo a los tribunales y a la sociedad civil para frenar lo que califican como un «exterminio descarado».
