Podemos Cantabria ha presentado este jueves una Proposición No de Ley (PNL) ante el Parlamento autonómico, por la que solicita al Gobierno de Cantabria inventariar todas las viviendas vacías procedentes de promociones inacabadas en la crisis del 2008, además de pedir al Ejecutivo que utilice la figura del PSIR para transformar en vivienda pública las viviendas vacías procedentes de dichas promociones. En dicha PNL también instan al Gobierno de Cantabria a plantear, como objetivo a corto plazo, disponer de un parque público con, al menos, 6000 viviendas que nos sitúen en ratios equivalentes a las comunidades autónomas vecinas.
En palabras de la coordinadora autonómica, Mercedes González, “necesitamos soluciones y las necesitamos ya. Construir vivienda nueva nos llevaría un mínimo de 3-4 años, pero Cantabria dispone de cientos de pisos y casas abandonadas en manos de la Sareb que, no olvidemos, más del 50% es del estado, es decir: de todos y todas”.
Asimismo, González considera que rehabilitar esas viviendas y ponerlas en el alquiler social “ayudaría a la enorme crisis que nos asola. La dificultad de acceso a una vivienda asequible se ha convertido en uno de los principales problemas que fracturan a la sociedad cántabra, un problema que se ceba especialmente con los y las jóvenes de nuestra comunidad, como demuestran los datos del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España, que otorgan a nuestra comunidad el penúltimo puesto en tasa de emancipación por comunidades”.
En este sentido, Pablo Gómez, secretario de Medio Ambiente y Mundo Rural de Podemos Cantabria, subraya que “el artículo 24 de Estatuto de Autonomía de Cantabria otorga a la comunidad autónoma competencia exclusiva en materia de Ordenación del territorio y del litoral, urbanismo y vivienda”. Asimismo, el responsable morado recuerda que el artículo 20 de la Ley 5/2022, de 15 de julio, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cantabria, establece los Proyectos Singulares de Interés Regional (PSIR) que tienen por objeto, entre otros, “regular la implantación de viviendas sometidas a algún régimen de protección pública”.
“En el contexto actual”, enfatiza Gómez, “en el que se ve comprometido el derecho constitucional a tener una vivienda digna y adecuada, qué mayor interés regional puede haber que revertir la situación. Entendemos que es obligación del Gobierno de Cantabria hacer uso de todas las herramientas legales a su alcance para aumentar, de forma exponencial y en menor lapso de tiempo posible, el parque público de vivienda”.
Por todo ello, Podemos insta al resto de partidos a que apoyen su iniciativa, ya que “lo que está en juego representa muchísimo para la ciudadanía de Cantabria, y especialmente para sus jóvenes”.
