El diputado y portavoz del PRC en materia turística, Javier López Marcano, ha pedido públicamente hoy a la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, que «ponga orden» en la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte y entregue a los ayuntamientos de Santillana del Mar, Castro Urdiales, Medio Cudeyo y Valderredible y a la Mancomunidad de Campoo Los Valles «los 13,5 millones de euros que son legítimamente suyos» para la ejecución de los planes de sostenibilidad turística «aprobados y desembolsados» por el Gobierno de España el pasado mes de agosto.
López Marcano ha apelado a la presidenta como «máxima responsable de todas las decisiones del Ejecutivo», incluidos «los desaciertos y los atropellos que cometen sus consejeros», como el cometido por la titular de Turismo, Eva Guillermina Fernández, al denegar a Santillana del Mar los fondos correspondientes a su plan de sostenibilidad, cuando -ha recalcado- «no tiene ni la autoridad, ni la competencia para hacerlo», dado que la Consejería es «un mero intermediario» entre el Gobierno central, «que ya ha dado el visto bueno al plan e ingresado los fondos» y los municipios.
A su juicio, la actuación «impropia e injustificable» de la consejera «en un asunto en el que no es competente» debe ser «enmendada de inmediato», tal como ha pedido ya la Administración central al exigir el pago a Santillana del Mar de los tres millones que le corresponden. En consecuencia, «los regionalistas confiamos en el buen juicio y la responsabilidad de la presidenta para poner fin a un conflicto institucional que nunca debió producirse».
El diputado regionalista ha considerado además que el Gobierno de Cantabria «tendrá que asumir los perjuicios económicos» que se deriven del retraso del pago de las cantidades correspondientes, ya que los cuatro ayuntamientos y la mancomunidad afectadas tienen que cumplir plazos tasados para la ejecución de las actuaciones previstas en los planes con cargo a esos fondos.
«Si no reciben en los tiempos previstos un dinero que se encuentra en la caja del Ejecutivo cántabro desde el 31 de agosto, parece evidente que no van a poder cumplir los plazos», ha recalcado López Marcano, quien ha advertido que la responsabilidad de cualquier posible incumplimiento «recaerá de lleno en la Consejería de Turismo, que deberá asumir las consecuencias, incluidas las económicas».
Asimismo, ha apuntado la posibilidad de que los ayuntamientos y la mancomunidad reclamen intereses de demora, una vez cumplidos 9 meses desde que el Gobierno ingresó el dinero que les corresponde.
Por todo ello, ha anunciado que el Grupo Regionalista promoverá un nuevo debate en el Parlamento de Cantabria, donde el Gobierno tendrá que comparecer para responder a sus preguntas sobre los posibles perjuicios económicos y el pago de intereses de demora.
