Dos juicios por delitos contra la libertad sexual y a menores se desarrollarán en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria los próximos diez y once de septiembre. En el primero de los procedimientos, una persona es acusada de agredir sexualmente a una menor de quince años a la que, según el escrito de la acusación particular, engañó ofreciéndole llevarle en su vehículo al domicilio de la chica cuando en realidad la llevó a la casa del acusado.
Una vez allí -continúa la acusación particular- le realizó tocamientos, le introdujo un dedo en la vagina y la obligó a realizarle una felación.
Por estos hechos, que la representación de la menor considera un delito de agresión sexual a menores, pide doce años de prisión, alejamiento durante diez años y libertad vigilada de ocho años, así como una indemnización de 15.000 euros.
La fiscalía, por su parte, solicita la absolución del acusado al considerar que no ha quedado acreditado que se hayan cometido los hechos denunciados por la menor.
En el segundo de los juicios, el fijado para el miércoles once, una persona es acusada de realizar tocamientos a la hija de su pareja, aprovechando que esta se encontraba ausente por trabajo.
Según el escrito del ministerio fiscal, el acusado convivía con la niña, que tenía catorce años.
A lo largo de dos años, cuando su madre se ausentaba, en ocasiones el acusado le realizaba tocamientos por las piernas y los muslos por encima de la ropa y alguna vez cuando la chica dormía le metía las manos por debajo de las sábanas y encima del pijama.
Cuando el acusado intentaba tocarla la chica se lo impedía “empujándole o echándole para atrás”.
Explica la fiscalía que el acusado actuaba de este modo “prevaliéndose de su condición de padrastro”, manifestando a la menor en varias ocasiones que ‘si ya hacía todo lo que él decía la dejaría hacer lo que quisiera’”.
La chica, que relató en el colegio lo sucedido, se encuentra en tratamiento psicológico y presenta un estado emocional afectado en el área familiar, sexual y académica.
La fiscalía califica estos hechos como delito continuado de abusos sexuales a menor de dieciséis años, merecedor de cuatro años y medio de prisión, alejamiento y prohibición de comunicar con la chica durante siete años e inhabilitación para desempeño que conlleve contacto con menores durante seis años.
En concepto de responsabilidad civil, pide el ministerio público que el acusado indemnice a la menor en 10.000 euros por las secuelas psicológicas que sufre.
El Gobierno de Cantabria, por su parte, como acusación particular, se suma a los hechos descritos por la fiscalía y añade a los mismos que en una ocasión el hombre empleó fuerza para inmovilizarla, agarrándole los brazos y estirándole las piernas.
Su petición de pena se eleva a siete años y medio de prisión, pide las mismas penas de alejamiento, prohibición de comunicación e inhabilitación, y solicita una indemnización que eleva a 15.000 euros.
