Ramón Arenas San Martín
La actual presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, atraviesa uno de los momentos más delicados de su mandato. Y, sin embargo, lejos de responder con visión política, capacidad de diálogo o altura institucional, ha optado por una estrategia tan simple como estéril: “atacar, señalar…”, sustituyendo los acuerdos por la confrontación permanente.
No hay en su discurso una sóla propuesta de entendimiento. No hay puentes, sólo trincheras. No hay política, sólo tensión. La presidenta no negocia, amenaza con nuevas elecciones. Y lo hace, además, con una amenaza que no tiene recorrido.
Una forma de hacer política que viene de lejos
Quienes siguieron de cerca la vida interna del Partido Popular de Cantabria saben que el estilo político de Buruaga no es nuevo. Su llegada al liderazgo del partido estuvo marcada por una intensa controversia interna, tras un congreso en el que se formularon acusaciones públicas de irregularidades en el proceso.
Según recogieron diversos medios de comunicación, aquellas controversias derivaron en la presentación de varias denuncias, entre ellas una vinculada a la presunta utilización de una persona con discapacidad psíquica en Laredo para influir en el desarrollo del cónclave.
“María José Sáenz de Buruaga fue elegida presidenta del PP de Cantabria al obtener tan sólo cuatro votos más que su rival, el ex presidente del Gobierno de Cantabria Ignacio Diego, en el congreso regional celebrado el pasado 25 de marzo en Santander” (Fuente: Ok. Diario C. Cuesta y M.A. Ruiz, 02/03/2018)
Aquellos hechos, que fueron objeto de denuncia política y mediática, proyectaron una sombra de duda sobre un liderazgo construido más desde la ruptura que desde la legitimidad compartida.
Los episodios denunciados y reflejados en distintos procedimientos judiciales vinculados a aquel proceso interno pueden constituir un recordatorio incómodo —aunque para algunos conveniente de olvidar— del contexto en el que la señora Buruaga alcanzó la presidencia del Partido Popular de Cantabria.
En la hemeroteca permanecerán las denuncias y demandas presentadas, ampliamente difundidas en su momento por los diferentes medios de comunicación.
A ello se suma lo que muchos militantes que acabaron abandonando el Partido Popular entendieron como una ruptura política con el anterior presidente del partido. Un episodio que podría evidenciar una forma de hacer política poco basada en el consenso y las lealtades internas. Quien así actúa dentro de su propia organización, difícilmente podría ofrecer estabilidad fuera de ella, ni mucho menos, venir a darnos lecciones.
Gobernar sin acuerdos… y sin números
Hoy, esa forma de entender la política tiene consecuencias directas. El Gobierno del PP está en minoría. Ha perdido a sus socios. No tiene presupuestos nuevos. Y, aun así, la presidenta insiste en agitar el fantasma del adelanto electoral como si fuera un arma definitiva.
El problema es que no lo es.
El problema es que esa amenaza no es real. No lo es porque hay una norma por encima de la estrategia política: el Estatuto de Autonomía de Cantabria que deja claras dos ideas muy sencillas que desmontan el discurso de la presidenta María José Sáenz de Buruaga.
La primera es que la legislatura dura cuatro años y punto. Aunque se convoquen elecciones antes, ese plazo no vuelve a empezar. El calendario no se mueve. En este caso, la legislatura termina en mayo de 2027, se vote cuando se vote.
La segunda es que no se pueden convocar elecciones una detrás de otra. La presidenta puede adelantar los comicios una vez, pero después tiene que pasar al menos un año. Esta regla existe para evitar que las urnas se utilicen como un arma de presión política.
¿Y qué pasaría entonces si se adelantaran las elecciones en 2026?
Se votarían nuevos diputados, sí, pero ese Parlamento sólo duraría unos meses. No habría una legislatura nueva de cuatro años. Todo acabaría, de nuevo, en mayo de 2027. “Mucho ruido y pocas nueces…”.
El escenario más preocupante vendría después. Si tras esas elecciones el PP no consigue mayoría absoluta y nadie apoya la investidura, Buruaga seguiría como presidenta en funciones. Un Gobierno en funciones tiene las manos atadas: no puede aprobar presupuestos, ni impulsar reformas importantes, ni convocar nuevas elecciones. Habría que esperar obligatoriamente hasta 2027.
El resultado sería claro: bloqueo político, un Gobierno débil y una comunidad autónoma paralizada.
Cantabria, además, no es como otras comunidades. En lugares como Extremadura o Aragón, un adelanto electoral reinicia la legislatura. Aquí no. En Cantabria el contador no vuelve a cero. El Estatuto se pensó para dar estabilidad, no para sostener amenazas.
Por eso, quien conoce mínimamente el marco legal sabe que el discurso del adelanto electoral no es una muestra de fortaleza, sino todo lo contrario.
Cuando no hay acuerdos, ni proyecto, ni mayoría, sólo queda el ruido…, pero el Estatuto es claro y la realidad es tozuda: esa amenaza no es poder, es debilidad.
