Ante la información publicada sobre la adquisición por parte de Cantur de un cachorro de pastor alemán por importe de 8.239 euros para disuadir la presencia de martas en las instalaciones de Cabárceno, la Federación Dean (Defensa animal Cantabria) considera necesario solicitar explicaciones públicas detalladas y documentación técnica que respalde esta decisión.
La Federación advierten que el debate no debe centrarse únicamente en el importe económico, sino en la adecuación jurídica, técnica y ética de la medida adoptada. La Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, establece que toda contratación debe responder a los principios de necesidad, idoneidad, eficiencia y transparencia. El artículo 28 exige justificar de forma expresa la naturaleza de la necesidad que se pretende cubrir y la idoneidad del contrato para satisfacerla.
En este sentido, Victoria Cedrún, portavoz de Dean, señala que “resulta imprescindible conocer si existen informes técnicos que acrediten que la presencia de un cachorro constituye la solución más eficaz y proporcionada frente a los daños detectados, así como si se evaluaron alternativas técnicas disponibles, tales como sistemas de protección de cableado, repelentes específicos o modificaciones estructurales en las instalaciones”, añadiendo que, ”en caso de haberse tramitado como contrato menor, el artículo 118 de la misma norma exige igualmente motivación suficiente y adecuada justificación”.
La entidad subraya que más allá de la dimensión administrativa, esta decisión implica la incorporación de un animal bajo responsabilidad pública. “Un perro no es un instrumento técnico, sino un ser sintiente con necesidades específicas. Por ello, debe aclararse públicamente quién será la persona responsable directa de su cuidado, bajo qué régimen de custodia permanecerá el animal y qué protocolo de bienestar, seguimiento veterinario y supervisión etológica se aplicará”.
Asimismo, resulta pertinente conocer si, dentro del análisis previo, se valoraron otras opciones como la adopción de un perro ya existente bajo tutela pública, en coherencia con las políticas de fomento de la adopción y protección animal.
Desde Dean añaden que “los animales no pueden convertirse en herramientas improvisadas para resolver fallos de gestión; si existen informes que avalen esta medida, deben hacerse públicos”.
La entidad recuerda que el Parque de la Naturaleza de Cabárceno ha sido escenario de episodios que han generado una importante preocupación social, incluyendo la matanza a disparos de lobos en instalaciones públicas, incendios donde jirafas mueren calcinadas, procedimientos veterinarios donde oseznos no superan la anestesia y la muerte a tiros de un leopardo persa tras una fuga, así como la falta de información pública clara sobre otro ejemplar de la misma especie, hermano del anterior.
Este contexto refuerza la necesidad de que cualquier actuación que afecte a animales bajo gestión pública esté respaldada por criterios técnicos sólidos y por una política activa de transparencia.
Por todo ello, solicitan la publicación íntegra del expediente de contratación, el acceso a la memoria justificativa y la acreditación documental de las garantías de bienestar animal adoptadas.
“La gestión pública exige planificación, proporcionalidad y transparencia. Cuando están implicados animales, el nivel de responsabilidad debe ser aún mayor”, concluye Cedrún.
