La consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, ha garantizado hoy su compromiso con la potenciación del sistema de mediación intrajudicial en Cantabria, con el objetivo final de extenderlo a toda la Comunidad -actualmente se limita a los partidos judiciales de Santander y Torrelavega- y a otros órdenes jurisdiccionales más allá del civil, tal y como recoge el Pacto para la Justicia que la presidenta de Cantabria firmó el pasado mes de julio con los colectivos profesionales integrantes del sector judicial en Cantabria.
Urrutia ha mantenido esta mañana un encuentro con la presidenta de la Asociación de Mediación de Cantabria (AMECAN), Carmen de Albert Roca-Sastre, donde han analizado la situación de este sistema alternativo de resolución de conflictos, en la jornada en que se conmemora el Día Europeo de la Mediación, y han acordado intensificar sus actuaciones conjuntas, sobre todo, en cuanto a la necesidad de una mayor difusión de la mediación entre la sociedad de Cantabria.
Por otra parte, han valorado el papel que tendrá este Medio Adecuado de Resolución de Controversias (MASC) -en la terminología empleada por la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia- tras su entrada en vigor y su incidencia en la extensión al ámbito del derecho de Justicia Gratuita, así como por su condición de ser uno de los alternativos requisitos previos para poder entablar acciones judiciales.
La titular de Justicia del Ejecutivo autonómico ha abogado por «dar un nuevo impulso a la mediación, en general, y a la mediación intrajudicial, en particular» y, para ello, ha avanzado que se valorará el redimensionamiento de la estructura y los medios materiales con que cuenta en la actualidad para extender la prestación de este servicio a otros partidos judiciales y contar con más mediadores que colaboren con el proyecto.
Por eso, ha explicado que se va a intensificar la colaboración del Gobierno con las entidades con las que se trabaja en materia de mediación, en especial las asociaciones de Mediación de Cantabria y de Derecho Colaborativo de Cantabria y los colegios profesionales de la Abogacía y de Procuradores, que son las que proporcionan mediadores al sistema cántabro de mediación intrajudicial, sin perjuicio de su posible extensión a otras entidades.
Además, ha considerado «imprescindible» la colaboración con entidades especializadas como AMECAN para «apostar por un cambio de mentalidad y realizar campañas para la divulgación de la mediación en todo el territorio de la comunidad autónoma», y ha abogado por «realizar más campañas públicas de sensibilización a la ciudadanía que expliquen el beneficio que supone la mediación como fórmula alternativa de resolución de conflictos».
La implicación de los órganos judiciales
Urrutia ha explicado que para conseguir el impulso de este sistema también es necesario que los órganos judiciales se impliquen «de manera decidida en el proyecto, derivando a mediación aquellos asuntos que se pueden resolver a través de este medio alternativo de solución de controversias», tal y como se recoge en los compromisos adquiridos en el Pacto para la Justicia de Cantabria.
Según los datos provisionales al cierre de 2024, desde la puesta en marcha de este programa, el 23 de junio de 2017, se han derivado a mediación 1.452 asuntos, de los que el 80% eran asuntos de familia y el 20% restante relacionados con otras materias de la jurisdicción civil.
De los asuntos derivados, a la primera fase de las sesiones informativas de mediación comparecieron ambas partes en 721 asuntos, esto es, el 48% de los derivados. Y, tras la información recibida sobre el proceso, las partes aceptaron iniciar el proceso de mediación propiamente dicho, en 461 casos, esto es, el 64% de las sesiones celebradas.
En todo el periodo mencionado, se alcanzaron 149 acuerdos, lo que supone un 10% sobre los asuntos derivados y un 32% sobre los iniciados. Más del 75% de los acuerdos se alcanzaron en un máximo de dos meses desde el inicio de la mediación lo que supone un importante ahorro de tiempo frente a la duración de un procedimiento judicial.
