La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria (Salón de Actos) acogerá este jueves, catorce de noviembre, el juicio contra catorce personas acusadas por irregularidades en la contratación de personal funcionario y laboral en el Ayuntamiento de Castro Urdiales, así como del pago de retribuciones indebidas a funcionarios y personal laboral.
Los acusados son los alcaldes entre los años 1991 y 2011; dos funcionarios que cobraban un complemento personal transitorio y que desempeñaron funciones de intervención y elaboración de nóminas; el secretario municipal, y los concejales del Ayuntamiento que en los años 2008 y 2009 aprobaron los presupuestos municipales levantando los reparos del interventor que advertían de distintos pagos ilegales.
Según el escrito de la fiscalía, el que fuera alcalde de Castro Urdiales entre los años 1991 y 2003 “llevó a cabo una contratación con un criterio personalísimo y opaco allí donde el orden jurídico imponía el máximo de objetividad y transparencia”.
Actuó “mediante una anulación sistemática, consciente y voluntaria de los controles de legalidad, contratando a su libre albedrío al personal del Ayuntamiento, manteniendo una situación generalizada de interinidad, con ánimo de obtener beneficios personales y patrimoniales”.
Colocó “en puestos esenciales y especialmente sensibles en la administración local a personal designado por él, sin ningún tipo de concurrencia, manteniéndolos o promocionándolos en su cargo pese a los numerosos informes de la intervención municipal, a los que intencionadamente hizo caso omiso”.
Posteriormente, su sucesor en el cargo, en 2003, “mantuvo las contrataciones ilegales previas y realizó otras sin proceso selectivo alguno y sin concurrencia alguna, pese a los reiterados informes de intervención”, y “extendió la contratación totalmente arbitraria a la residencia municipal y al servicio de extinción de incendios”.
Explica la fiscalía que se contrató “sin concurrencia alguna y de manera fraudulenta” a personal laboral para puestos reservados a funcionarios, como ocurrió en la plaza de arquitecto municipal y en la de ingeniero municipal.
En otras ocasiones se colocó a funcionarios que no tenían la titulación adecuada en puestos de categoría superior, como sucedió con un funcionario, acusado en este procedimiento, que con titulación de auxiliar administrativo fue tesorero y luego encargado de personal y de elaborar de nóminas, y con otro, del grupo C y también acusado, que ejerció de interventor, tesorero y recaudador municipal.
En el caso de estos dos funcionarios, explica la fiscalía que se han beneficiado de percibir un complemento personal transitorio “sin motivo ni título legítimo alguno que lo justificase”.
Además, la fiscalía sostiene que el primero de los funcionarios, el encargado de elaborar las nóminas desde el año 1999, incluía en las mismas “conceptos retributivos no ajustados a la legislación vigente, a sabiendas de su ilegalidad y con la aquiescencia del señor alcalde”.
Explica que presentaba las nóminas a intervención “como un listado acumulativo de hojas y cifras, sin racionalidad en su distribución, sin resolución administrativa alguna de aprobación de las novedades retributivas incorporadas en la nómina y sin sustento en la legislación”.
En definitiva, “en beneficio propio y correlativo perjuicio para las arcas públicas, se ha incluido en las nóminas de forma generalizada, tanto a los funcionarios como al resto de trabajadores, conceptos tales como bolsa de navidad, coso blanco, gratificaciones por 25 años y el complemento de productividad de manera lineal y periódica”, además del complemento personal transitorio en el caso de los dos funcionarios acusados, y todo ello “a pesar de la multitud de informes y notas de reparo formuladas”.
Por su parte, el segundo de los funcionarios acusados, ejerciendo como interventor entre 2004 y 2005, realizó “dejación voluntaria y manifiesta de sus funciones para perpetuar el lucro personal que le suponía la situación” cuando no elaboró el preceptivo informe para la aprobación de los presupuestos en 2004.
Asimismo, “no realizó reparo alguno de las nóminas durante el periodo en que ejerció como interventor, en beneficio propio, ya que llega incluso a cobrar dos veces por el mismo trabajo”.
En este contexto, nueve concejales, también acusados en este procedimiento, votaron a favor de la aprobación de los presupuestos municipales de 2008 y 2009, “levantando expresamente los reparos del interventor en lo que se consignan como partidas de gastos el pago de los complementos personales transitorios, la bolsa de navidad, el coso blanco y la productividad, que son ilegales”.
Según la fiscalía, el Ayuntamiento de Castro Urdiales abonó de forma ilegal 120.000 euros en concepto de bolsa de navidad entre 2002 y 2009; otros 110.000 euros por el Coso Blanco entre 2000 y 2010; y 1,9 millones de euros en concepto de productividad tanto al personal funcionario como laboral entre 2000 y 2010.
Finalmente, se acusa al que fuera secretario municipal, quien intervino en la contratación de su hija por parte del Ayuntamiento obviando su obligación legal de abstención.
Los hechos constituyen, según el ministerio público, un delito continuado de prevaricación que se imputa a los dos alcaldes; otro continuado de prevaricación en concurso medial con un delito continuado de malversación de caudales públicos que se atribuye a estos, a los concejales que apoyaron los presupuestos y a los dos funcionarios que se beneficiaron de complementos personales; y un tercer delito de prevaricación que se imputa al secretario municipal por no abstenerse en la contratación de su hija.
Las penas solicitadas por la fiscalía para los que fueron alcaldes ascienden a nueve años de prisión, 2.880 euros de multa, veintisiete años de inhabilitación para empleo y cargo público, y dos años de suspensión de empleo y cargo público.
Para el funcionario encargado de elaborar las nóminas que recibía un complemento personal transitorio, como cooperador necesario del delito de prevaricación en concurso con la malversación, la pena solicitada asciende a nueve años de prisión y veintisiete años de inhabilitación para empleo o cargo público.
El otro funcionario que recibía el complemento personal transitorio y ejerció de interventor accidental es merecedor, a juicio de la fiscalía, de una pena de cinco años de prisión y veintidós de inhabilitación para empleo o cargo público.
En el caso de los concejales que apoyaron los presupuestos que permitieron los pagos de retribuciones ilegales, como cooperadores necesarios del delito de prevaricación en concurso con el de malversación la fiscalía solicita para cada uno de ellos cinco años de prisión y dieciocho de inhabilitación para empleo o cargo público.
Por último, para el que fuera secretario municipal, como autor de un delito de prevaricación la pena reclamada para él es de 1.800 euros de multa y quince meses de suspensión de empleo o cargo público.
Está previsto que este juicio se desarrolle a lo largo de dieciséis sesiones, con el siguiente cronograma:
14 de noviembre: cuestiones previas
19, 20 y 21 de noviembre: testigos propuestos por fiscalía.
26, 27 y 28 de noviembre: testigos propuestos por fiscalía.
3 de diciembre: testigos propuestos por fiscalía.
4 de diciembre: testigos propuestos por defensas y periciales.
5 de diciembre: declaración de los acusados.
10, 11 y 12 de diciembre: declaración de los acusados.
17, 18 y 19 de diciembre: conclusiones e informes.
