Izquierda Unida de Cantabria ha presentado una denuncia ante la Fiscalía para que investigue la gestión del programa de cribado de cáncer de mama en la comunidad autónoma, tras conocerse que más de 3.900 mujeres están pendientes de recibir los resultados de sus mamografías.
A finales de septiembre de 2025, se destapó en Andalucía un grave fallo en el programa de detección precoz del cáncer de mama, que dejó a unas 2.000 mujeres sin recibir los resultados de sus mamografías con hallazgos dudosos o no concluyentes. La situación, que se habría prolongado durante más de un año, derivó en retrasos en diagnósticos y tratamientos, con consecuencias clínicas graves, incluyendo casos de cáncer detectados en fases avanzadas. Asociaciones de pacientes como Amama y colectivos ciudadanos han denunciado una posible dejación de funciones por parte del Servicio Andaluz de Salud, y se plantean demandas colectivas por negligencia médica y posibles responsabilidades penales.
El coordinador autonómico de IU, Israel Ruiz Salmón, ha señalado que esta iniciativa busca “saber qué ocurre en la sanidad pública cántabra ante una opacidad generalizada desde la Consejería”. “Deseamos que Fiscalía investigue para arrojar luz y que al final de su investigación Cantabria no esté en la misma situación que Andalucía, pero no podemos fiarnos de la palabra de un consejero que por la vía de los hechos está debilitando la red pública de salud mientras desvía servicios a entidades privadas”, ha afirmado.
. Así, el Gobierno de Cantabria ha externalizado la lectura de 1.000 mamografías al hospital privado Santa Clotilde como medida de urgencia ante la acumulación de pruebas sin analizar en el Servicio Cántabro de Salud.
Izquierda Unida denuncia que el tiempo de espera para la lectura de mamografías supera actualmente los dos meses, lo que, a su juicio, “compromete gravemente la eficacia del programa de detección precoz del cáncer de mama”. La formación advierte de que esta situación podría haber derivado en diagnósticos tardíos, tratamientos más agresivos y un peor pronóstico para las mujeres afectadas.
La derivación de mamografías al hospital privado Santa Clotilde por parte de la Consejería de Salud ha sido interpretada por Izquierda Unida como una muestra del “afán privatizador” del consejero César Pascual. La formación denuncia que esta decisión, adoptada ante la acumulación de pruebas sin leer en el Servicio Cántabro de Salud, “no responde a una situación puntual, sino a una estrategia deliberada de debilitamiento de la sanidad pública para justificar su externalización”.
En este sentido, IU recuerda que el Gobierno de María José Sáez de Buruaga, con el apoyo del PRC, acordó en la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas blindar los conciertos sanitarios con entidades privadas para determinados tratamientos, permitiendo suscribirlos por un periodo de 20 años, más cuatro de prórroga. Para IU, este acuerdo “consolida un modelo de colaboración público-privada que pone en riesgo la equidad y la calidad del sistema sanitario, al priorizar intereses empresariales sobre el derecho a la salud”.
Izquierda Unida considera que el modelo impulsado por el actual Ejecutivo “responde a una hoja de ruta ideológica que busca desmantelar progresivamente la sanidad pública”. En su opinión, la falta de cobertura de bajas, jubilaciones y vacaciones en servicios clave como radiología, tal y como han asegurado desde la consejería de Salud, compagina una “deficiente planificación con una decisión política consciente para generar un colapso que justifique la privatización”.
Homicidio y lesiones imprudentes en comisión por omisión
En el escrito remitido a la Fiscalía, IU solicita la apertura de diligencias de investigación para esclarecer si existen responsabilidades penales por parte de los responsables del Gobierno de Cantabria, la Consejería de Salud y el Servicio Cántabro de Salud. La denuncia apunta a posibles delitos de homicidio imprudente en comisión por omisión, lesiones imprudentes, omisión del deber de prestar servicios sanitarios y prevaricación administrativa.
En concreto, IU considera que podrían haberse producido casos de homicidio imprudente si alguna mujer falleció como consecuencia de un diagnóstico tardío derivado de la falta de seguimiento de resultados dudosos. Asimismo, señala que la omisión del seguimiento clínico podría haber causado lesiones graves evitables, lo que constituiría un delito de lesiones imprudentes.
La formación también denuncia un posible delito de omisión del deber de prestar asistencia sanitaria, al considerar que la falta de respuesta ante los resultados pendientes ha generado un riesgo grave para la salud de las pacientes. Además, plantea la posibilidad de que se haya incurrido en prevaricación administrativa si se demuestra que se tomaron decisiones injustas a sabiendas, como no cubrir bajas o no reforzar el servicio de radiología ante la acumulación de pruebas.
La denuncia identifica como posibles responsables al consejero de Salud, César Pascual Fernández; a la Dirección General de Planificación, Ordenación, Gestión del Conocimiento y Salud Digital; y a la Gerencia del Servicio Cántabro de Salud (SCS). También propone como testigos a personal de radiología del SCS, a la gerencia del Hospital Santa Clotilde, a pacientes afectadas y a personal del Servicio de Atención al Usuario del SCS.
