La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad ha modificado la regulación de los requisitos materiales, funcionales y de acreditación de la calidad de los centros de atención a la infancia y a la adolescencia y de los centros de cumplimiento de medidas judiciales con el fin de flexibilizar la aplicación de determinados preceptos en beneficio de los menores atendidos y facilitar la organización de los centros. El departamento dirigido por Begoña Gómez del Río cumple así con una de las «demandas» que la trasladaron desde el sector en el arranque de la legislatura.
Tal y como se recoge en el Boletín Oficial de Cantabria (https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=412887), las nuevas modificaciones incorporadas afectan a la posibilidad de compartir inmueble en determinados centros; a la simplificación documental para la habilitación de los centros en consonancia con el ordenamiento urbanístico y de protección civil; a la supresión de la exigencia de determinadas titulaciones universitarias para las personas que ejercen la dirección de los centros; y a la atribución a las entidades titulares de los centros de protección a la infancia y la adolescencia de la facultad de organización de los turnos de trabajo del personal que presta servicio en los mismo.
Además, se limita el control de la Administración en las viviendas tuteladas de vida independiente para fomentar la autogestión de las mismas por parte de los jóvenes residentes, favoreciendo el respeto a su privacidad y autonomía en la toma de decisiones en la vida diaria.
Esta modificación normativa también contempla las residencias de necesidades especiales como nuevo tipo de recurso destinado a la atención de niños y adolescentes que por su situación de discapacidad y/o dependencia requieren intervenciones especializadas y cuidados permanentes que no es factible proporcionar en hogares.
