La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, denuncia que las comunidades autónomas no están aplicando planes de prevención de incendios forestales. Esto supone una grave irresponsabilidad ya que nos arriesgamos a que este verano se repita la situación del pasado año, cuando se produjeron más de 60 grandes incendios en toda España y que arrasaron más de 340.000 hectáreas.
Las comunidades autónomas de Galicia, Asturias y Cantabria han registrado estos días importantes incendios en sus territorios por las altas temperaturas en la Península y fuertes vientos. Es importante recordar que la temporada estival aún no ha comenzado, por lo que la situación podría repetirse y agravarse en muy pocos meses
Las principales carencias detectadas por los delegados CSIF en las comunidades autónomas es la falta de personal (sobre todo en las brigadas forestales), medios insuficientes y una ausencia grave de coordinación y planificación entre las diferentes administraciones. Aunque en algunas comunidades se ha cambiado de fijo discontinuo a fijo la condición laboral de las plantillas que luchan contra los incendios, permanecen paradas al no existir planes de prevención en la mayoría de los casos.
En materia contraincendios, también hemos requerido que los dispositivos se adapten a los territorios y masas forestales en cada comunidad autónoma. Al igual que el año pasado, CSIF ya ha detectado falta de personal en las brigadas forestales, personal de prevención para tareas de limpieza y falta de equipos de protección individual.
Esta es la situación actual en las comunidades autónomas que suelen padecer los incendios más devastadores:
Castilla y León:
CSIF denuncia que no hay ninguna diferencia con respecto al año pasado porque la Junta no está haciendo trabajos de prevención y limpieza del monte, aunque el plan esté aprobado y publicado en el Boletín Oficial de la comunidad autónoma, lo que supone una grave irresponsabilidad y aumenta el riesgo de reproducir la misma situación desastrosa del pasado verano.
Así, la única medida implementada ha sido cambiar al personal contratado como fijo-discontinuo a fijo, pero sin una planificación con contenido, sin dar instrucciones sobre tareas de prevención, sin Equipos de Protección Individual (EPIs), formación, medios necesarios o herramientas adecuadas. Esto provoca situaciones de descoordinación, como que se esté vigilando un puesto en el monte mientras está nevando.
Galicia:
Los principales problemas son que no se cubren las vacantes producidas en las brigadas forestales, por lo que hay equipos compuestos tan solo por dos personas. Además, otro riesgo añadido es la cantidad de combustible sin control que se encuentra en los pueblos abandonados, lo que supone un grave riesgo en caso de que se declare un fuego.
Comunidad Valenciana:
CSIF denuncia sobre todo falta de personal de prevención para acometer tareas como limpieza de zonas montañosas o mantener y ampliar cortafuegos durante todo el año. Igualmente falta personal de gestión y tareas administrativas. Del mismo modo, el sindicato reclama refuerzos de cara a extinción de incendios. Tampoco se ha cumplido la promesa de un tercer turno para personal helitransportado de la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias (SGISE).
Comunidad de Madrid:
CSIF ha solicitado la convocatoria de una reunión previa a la campaña de verano 2026 para conocer el informe operativo previsto, mejorar la coordinación del personal laboral, y revisar la operativa con TRAGSA -la empresa pública a la que la Comunidad de Madrid encarga las labores de prevención-, especialmente teniendo en cuenta sus condiciones salariales precarias y su formación escasa.
Los bomberos forestales no hacen prevención porque solo se les contrata durante los seis meses que dura la campaña de incendios, y el personal laboral de bomberos (que la Comunidad de Madrid no reconoce como bomberos forestales) no trabaja en invierno, por lo que tampoco se realizan labores de prevención.
Además, se da la circunstancia de que el personal de TRAGSA lleva meses en huelga para mejorar sus condiciones laborales, por lo que las labores de prevención en los montes están siendo escasa.
Castilla-La Mancha:
Los bomberos forestales de la empresa pública de Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha (Geacam) sufren una alta temporalidad que redunda en una menor eficacia en las tareas de prevención. De los 2.200 trabajadores en plantilla, sólo 1.500 llevan a cabo su labor durante todo el año mientras que el resto apenas trabaja los 96 días que establece el Plan INFOCAM de campaña de extinción de incendios, lo que por otra parte son totalmente insuficientes teniendo en cuenta el aumento de periodos de peligro alto y extremo.
Además, existe una preocupante falta de prioridades, ya que en ocasiones se ha priorizado el desbroce de monte, por el que el Gobierno regional recibe subvenciones, en lugar de las propias tareas de extinción.
Cantabria:
El Gobierno autonómico se encuentra diseñando un plan específico de trabajos de prevención en zonas concretas, que incluirá prioridades en la planificación de los trabajos forestales. En algunos municipios, como Liendo, ya están actuando cuadrillas de bomberos forestales, pero aún se está diseñando el procedimiento global y en la organización y reparto de medios materiales y humanos.
En este contexto, CSIF reclama al Gobierno de Cantabria que intensifique las medidas para prevenir y perseguir los delitos medioambientales. A su juicio, los incendios provocados no solo causan graves daños al patrimonio natural, sino que también generan importantes pérdidas económicas, tanto por la destrucción de recursos como por el elevado coste de los dispositivos de intervención.
El sindicato también pone el foco en el riesgo al que se enfrentan los profesionales que trabajan sobre el terreno. Los empleados públicos que integran los operativos de extinción desarrollan su labor en condiciones de gran peligrosidad.
Andalucía:
La Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias de Andalucía están realizando en la actualidad trabajos de prevención, aunque se están registrando problemas con los equipos de protección individual (EPI) y los vehículos asignados al dispositivo de Emergencias al no cumplir con la normativa exigida. Por este motivo, CSIF y otros sindicatos han presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo.
También hemos solicitado que se revisen y actualicen las evaluaciones de riesgos, de forma que se adapten a las emergencias reales en las que intervienen los profesionales.
Navarra:
CSIF reivindica el incremento de recursos y presupuesto para prevención y extinción de incendios forestales, ampliar y estabilizar la plantilla para reducir la temporalidad de los contratos y garantizar cobertura durante todo el año, mejores condiciones laborales y planificación de prevención continua.
Estas demandas reflejan la situación del colectivo de bomberos y agentes forestales y medioambientales y brigadistas, así como las dificultades a las que se enfrentan para llevar a cabo labores de prevención y extinción de incendios.
