El portavoz del Grupo Regionalista, Pedro Hernando, ha urgido hoy al Gobierno de Cantabria a concluir los trámites de la convocatoria de subvenciones del Servicio Cántabro de Empleo destinadas a las entidades locales para la inserción laboral de personas desempleadas en la ejecución de obras y servicios de interés general y social.
Hernando pedirá explicaciones en el Pleno del Parlamento ante el retraso de dichos trámites, en respuesta a la «preocupación» que existe en los ayuntamientos, por la posibilidad de que los nuevos contratos no puedan estar en vigor el 1 de julio para sustituir al personal empleado con cargo a la convocatoria de 2023, que finalizará su labor el próximo 30 de junio.
En este sentido, ha advertido de las consecuencias que puede llegar a tener este retraso, dado que si los trámites no concluyen «de inmediato» es posible que los ayuntamientos se queden «durante todo el mes» sin el apoyo de «un personal muy necesario para el normal funcionamiento de los servicios públicos locales».
El portavoz regionalista ha urgido al consejero de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, Eduardo Arasti, a agilizar la tramitación para que los municipios «cuenten con el tiempo necesario para formalizar el relevo de personal y garantizar el «normal funcionamiento de todos los servicios donde se lleva a cabo la inserción laboral».
A su juicio, el Gobierno «ha tenido tiempo de sobra» desde que aprobó la Orden que regula esta convocatoria de subvenciones, el pasado 4 de marzo, para poner en marcha el procedimiento e informar a los municipios. «La falta de agilidad se está convirtiendo en la norma de actuación del Gobierno, y muy especialmente de la Consejería de Empleo», ha lamentado Hernando, quien ha recordado que los ayuntamientos ya sufrieron «una importante demora» a la hora de cobrar las ayudas adelantadas en la convocatoria anterior, que los abocó a «serios problemas de tesorería».
Por todo ello, ha instado al consejero Arasti a «ponerse las pilas y agilizar el funcionamiento de su Consejería» en cuestiones de tanta transferencia para los municipios, de las que depende «el buen funcionamiento de los servicios locales».
