El portavoz del PRC en el Ayuntamiento de Reinosa, Daniel Santos, ha denunciado públicamente hoy la «merma intolerable y constante» que sufren los servicios de la Guardia Civil en la capital campurriana y los retrasos que provocan en el acceso de los vecinos al servicio como consecuencia de los recortes sufridos en el número de efectivos, los horarios de atención y la obligatoriedad de solicitar cita previa.
«Sufrimos una situación surrealista y una tremenda inseguridad en toda la comarca, que no podemos tolerar». Así lo ha asegurado el portavoz regionalista, quien ha exigido a la Delegación del Gobierno que tome medidas para «acabar con esta situación de indefensión» y los «recortes sin miramientos» que sufren los ciudadanos de las zonas rurales, mientras a todas las instituciones «se les llena la boca hablando de medidas para combatir la despoblación».
Santos ha anunciado que el PRC de Reinosa va a poner en marcha una campaña para exigir que el servicio de atención a la ciudadanía de la Guardia Civil esté abierto de lunes a viernes en horario de mañana y tarde y los fines de semana, al menos por la mañana, además de reclamar un incremento del número de efectivos destinados a la comarca. En la actualidad únicamente funciona de lunes a viernes de 9,00 a 14,00 horas.
Asimismo, pedirá la supresión de la obligatoriedad de pedir cita previa para acceder al servicio, dado que este sistema provoca esperas «excesivas» a la hora de denunciar cualquier delito.
Ante esta situación, el portavoz regionalista ha reivindicado el derecho de los reinosanos a «estar y sentirse seguros», al tiempo que ha recordado que Campoo abarca el 20 por ciento de la superficie de Cantabria y la dotación actual de la Guardia Civil en la zona resulta «totalmente insuficiente» para garantizar la asistencia que necesita.
Iniciativa parlamentaria
Aunque la competencia es del Gobierno central, Daniel Santos ha instado también al Gobierno de Cantabria a actuar, en cumplimiento de la proposición no de ley promovida por el PRC en el Parlamento el pasado mes de febrero, con el fin de contribuir a la recuperación de los efectivos suprimidos en los últimos años en la Comunidad Autónoma y garantizar una dotación suficiente en infraestructuras y medios para la correcta prestación de todos los servicios.
Esa iniciativa reclama la reapertura de los cuarteles cerrados en 2015, la recuperación de los horarios de atención que se han visto reducidos en los últimos años y la supresión de la obligación de solicitar cita previa para presentar una denuncia o recibir asistencia, además de un plan de mejora y mantenimiento de las instalaciones oficiales y las viviendas al servicio de este cuerpo de seguridad, mediante convenios con el Gobierno de Cantabria y los ayuntamientos que contemplen el uso compartido de esas infraestructuras.
El PRC ya advirtió en aquel momento de las carencias generalizadas del servicio, con algunos destacamentos atendidos por un único agente durante 15 días, al encontrarse el resto de la plantilla en comisión de servicio en otros departamentos, de baja o con permisos y vacaciones, una situación «mala para los guardias civiles y, sobre todo, para los cántabros».
El portavoz regionalista de Reinosa ha recordado que la falta de personal no se refleja en muchos casos en las plantillas de los destacamentos, como consecuencia de la proliferación de las comisiones de servicios que provocan el traslado de agentes a nuevos equipos, mientras permanecen formalmente asignados a sus puestos de origen.
Por ello y aunque la Delegación del Gobierno en Cantabria «anuncia siempre que se aumentan los efectivos», ha advertido que la creación de equipos como el de delitos informáticos hace que ese incremento sea «insuficiente» y obliga a cubrir plazas a costa de los puestos ya existentes. «Si hay un nuevo equipo tiene que dotarse con nuevos efectivos, no con cargo a atraer efectivos ya existentes mediante comisiones de servicio», ha puntualizado.
Daniel Santos ha considerado que la situación es «muy preocupante» en toda Cantabria, especialmente en las zonas rurales como Campoo, por lo que demanda al Gobierno que recoja en la próxima Oferta de Empleo Público las necesidades de Cantabria, que cifra entre 300 y 400 agentes, frente a los 800 existentes, según datos de las asociaciones que representan a este cuerpo de seguridad.
