El diputado del Partido Popular Miguel Ángel Vargas ha replicado hoy a la regionalista Paula Fernández que el Gobierno de Cantabria está tomando las medidas que la Ley permite para asegurar el cumplimiento del transporte sanitario programado.
Vargas ha afirmado que el Gobierno de Cantabria está cumpliendo y haciendo cumplir los pliegos que rigen el transporte sanitario programado que, según ha recordado a la diputada, fueron redactados por el Gobierno PRC-PSOE, que también tomó la decisión de dividir el transporte sanitario en dos lotes distintos, provocando que el transporte urgente y el programado fueran a dos velocidades diferentes.
“El actual Gobierno de Cantabria se está limitando a cumplir el pliego, a hacerlo cumplir y a abrir expedientes cuando se detectan incumplimientos en el servicio, y parece mentira que ella, habiendo sido consejera de Presidencia, no sepa que un contrato público no se puede rescindir de un día para otro; una prueba más de su profundo desconocimiento de la Administración”, ha dicho Vargas después de que la diputada del PRC haya pedido la resolución “inmediata” del contrato del transporte sanitario programado.
“O la demagogia de Paula Fernández no tiene límites o demuestra que fue consejera sin tener ni idea de los procedimientos que marca la Ley para contratos públicos”, ha abundado.
“A ella, que se sentaba en el Consejo de Gobierno que dejó el transporte sanitario hecho unos zorros tras una desastrosa gestión del contrato, con informes de auditorías internas que así lo demuestran, nada le escuchamos decir cuando tuvo responsabilidades de gestión junto a sus socios del PSOE respecto a un pliego que no fue correctamente redactado”, ha sentenciado el diputado del PP.
Vargas ha recordado que cuando el consejero César Pascual llegó al Gobierno se encontró con un contrato de transporte sanitario no urgente declarado desierto, con una suspensión cautelar del procedimiento, y que recurrió a un procedimiento negociado con publicidad, con los mismos pliegos del Ejecutivo PRC-PSOE para reducir los plazos porque la prórroga vencía y con los criterios de adjudicación que ellos decidieron.
El diputado ha apuntado que el pliego del contrato es de obligado cumplimiento y no se pude instar a un procedimiento tan serio como la rescisión de un contrato si no se dan los requisitos administrativos para poder hacerlo. Por eso, ha pedido a Fernández, que deje actuar a la Consejería de Salud, que está siguiendo la actividad de la empresa, por la que ya tiene abiertos varios expedientes, según ya informó el pasado mes de noviembre César Pascual en el Parlamento, con propuestas de hasta 100.000 euros de multa por falta grave o el impago de nóminas, entre otras cuestiones.
