El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) ha publicado hoy la resolución de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación por la que se aprueba el Plan Anual de Incendios Forestales de Cantabria para 2026, que prevé una inversión de más de 7 millones de euros para reducir al mínimo los daños ecológicos, económicos y sociales producidos por los incendios forestales en la Comunidad Autónoma.
Esta regulación se realiza en cumplimiento de lo establecido en el decreto-ley 15/2022 de agosto que afecta a la redacción de la Ley de Montes, por la que se establece la obligatoriedad que tiene las comunidades autónomas de elaborar un Plan Anual de Incendios Forestales, como instrumento de gestión de los incendios forestales desde una perspectiva integral de prevención, vigilancia y extinción.
Entre las medidas que se pretenden llevar a cabo, garantizar una adecuada cobertura territorial de autobombas y flota de vehículos; revisar la necesidad de medios aéreos y completar la red de puntos de carga; mejorar el sistema de comunicaciones; implementar un programa de formación continua para el personal del Operativo de Lucha contra Incendios Forestales, y asegurar la dotación y correcta utilización de los equipos de protección individual.
También avanzar en la investigación de causas de los incendios forestales y sus motivaciones; potenciar la línea de financiación dedicada a inversiones colectivas; implementar compromisos agroambientales en superficies agrarias, así como el mantenimiento y mejora de hábitats y de actividades agrarias tradicionales que preserven la biodiversidad, e integrar sistemas innovadores de pastoreo y actuaciones de desmatorralización y mejora de pastos para alcanzar un monte productivo, biodiverso y resiliente frente a los incendios.
De igual modo, prevé formular un protocolo técnico dirigido a determinar las áreas incendiadas que precisan de acciones de restauración; ejecutar acciones de restauración diseñadas e inversiones en montes de utilidad pública para mejorar pistas; ordenar recursos forestales, y prevenir incendios.
El nuevo Plan concluye que en los últimos años la mayoría de los incendios son intencionados- un 97,4 en el año 2023- y que su motivación principal radica en evitar la matorralización del terreno asociados a prácticas ganaderas, con un registro de 774 incendios forestales en 2023 (una cifra similar a años anteriores), siendo las zonas del interior occidental y oriental las que más incendios forestales soportan y municipios como Vega de Pas, Soba, Cabuérniga, Rionansa, Selaya, San Roque de Riomiera, Miera y Los Tojos suman en su conjunto más de 50% de la superficie incendiada entre 2019 y 2023.
Según se extrae del Plan las zonas del interior occidental y oriental de la región son las que registran un mayor número de incendios con un 78% del número de incendios y una superficie afectada superior a 86,7%.
En cuanto a su distribución mensual, los meses de febrero, marzo y abril acumulan más del 71% de los incendios registrados y casi el 76% de la superficie quemada, registrándose incendios durante todas las épocas del año, y la mayor parte de los incendios forestales registrados no superan las 25 hectáreas, si bien se ha registrado 3 grandes incendios de más de 500 hectáreas entre 2019 y 2023, que afectaron a más de 2.000 hectáreas.
El nuevo Plan establece como épocas de peligro por incendios forestales para toda Cantabria el periodo comprendido entre el 1 de febrero y el 30 de abril, y del 1 de agosto al 15 de octubre para las comarcas de Liébana, Campoo y Los Valles, teniendo en cuenta que estas épocas de peligro se pueden alargar, acortar o aparecer otras en función de cada año.
Ante tal situación, el Plan establece una serie de medidas preventivas, como las autorizaciones preceptivas para la utilización de cualquier tipo de fuego, tanto en suelo urbano como en terrenos rústicos; medidas de protección de bienes de interés cultural; inclusión del riesgo de incendios en las guías municipales de respuesta; planes de autoprotección por riesgo de incendio forestal o la actualización de los datos referentes a las épocas de peligro y al riesgo por incendios forestales, entre otros aspectos.
Asimismo, determina las prohibiciones en el empleo del fuego, regula el uso social y el acceso público durante la época de riesgo de incendios forestales y planifica una serie de acciones para mitigar y adaptar los ecosistemas forestales, así como programas de desbroces con ayudas para la mejora y aprovechamiento sostenible de los montes para entidades locales públicas y entidades privadas, además de ayudas para la mejora de pastizales de aprovechamiento común en terrenos públicos.
