El titular del Juzgado de Instrucción n.º 4 de Santander ha prohibido hoy acercarse y acceder a cualquier instalación deportiva española frecuentada por menores al detenido el pasado mes por unas grabaciones en un vestuario en Villaescusa.
En un auto hoy dado a conocer y contra el que cabe recurso, el magistrado le prohíbe salir del país, le retira el pasaporte y le obliga a comparecer en el juzgado los días 1 y 15 de cada mes. También le impone alejamiento y prohibición de comunicar con dos menores, con las que el acusado ha pretendido contactar.
Tras su detención el mes pasado le fue retirado el teléfono móvil, en el que se han encontrado, además de las dos grabaciones que dieron lugar a la denuncia, otros 34 vídeos que tomó en el vestuario entre abril y agosto de este año.
En las imágenes aparecen jugadoras locales tras dieciséis entrenamientos y jugadoras visitantes después de la celebración de cuatro partidos.
En total, la Guardia Civil ha identificado a 46 víctimas, algunas de ellas menores de edad, a las que ya se les ha realizado el ofrecimiento de acciones.
Además, en el teléfono también se encontró diverso material pornográfico descargado de internet, donde aparecían imágenes con niñas.
Por este motivo, el investigado lo es ahora por cuarenta y seis delitos contra la intimidad, en concurso con un delito de corrupción de menores.
No procede la prisión provisional porque la acusación no la solicita
En su auto, el magistrado explica que “no procede la prisión provisional por imperativo legal, pues el ministerio fiscal, única parte acusadora personada, no la ha solicitado”.
“Debe, por ello, forzosamente acordarse la libertad provisional sin fianza”, añade la resolución, que justifica “a la vista de la gravedad de los hechos, pues la pena que pudiera imponérsele es de hasta doce años de prisión”, que a las medidas cautelares acordadas anteriormente se sumen ahora otras, como la prohibición de salir del país o la retirada del pasaporte.
Señala el juez que “el investigado, lejos de un acto ocasional, ha venido, en ejecución de un plan predeterminado, constante y casi obsesivo, grabando a las jugadoras que usaban los vestuarios desde el pasado mes de abril”, y que “muestra predilección por las menores de edad”.
Por ello, cree que “los hechos están más que justificados para adoptar medidas cautelares como las que aquí se adoptan, o incluso más graves, que el ministerio fiscal no ha pedido”.
Las medidas acordadas “están inicialmente contempladas para evitar que pueda seguir actuando contra bienes jurídicos de las víctimas” y también para evitar “el riesgo de que siga cometiendo nuevos hechos delictivos”. En este sentido, alude el magistrado a audios en su teléfono donde “se dirige a distintas jugadoras en tono distendido, solícito y melifluo” lo que revela “comunicaciones tendentes a lograr actos de aproximación a las jugadoras”.
Por todo ello, acuerda la prohibición de que se acerque y comunique con dos menores con las que pretendió contactar, así como la prohibición de acceso y aproximación a las instalaciones deportivas a las que pertenecían las jugadoras grabadas y a “cualquier otra instalación deportiva de España frecuentada por menores de edad”.
Finalmente, advierte el magistrado que el incumplimiento de las medidas supondrá la convocatoria de una audiencia para la adopción de prisión provisional, orden de protección u otra medida cautelar que implique una mayor limitación de su libertad personal.
