La Junta de Gobierno del Colegio de la Abogacía de Cantabria ha emitido un comunicado en el que señala que “desde el absoluto respeto a la acción política de los representantes de los distintos partidos en aras a conformar mayorías de investidura para la elección del Presidente del Gobierno, mostramos nuestra preocupación con el contenido del documento, en cuanto, entendemos, pone en cuestión la organización del estado y el sistema de división de poderes establecido en nuestra Constitución”.
Igualmente aseguran que “entendemos inadmisible que dicha propuesta incorpore la posibilidad de que se ponga en cuestión el trabajo de jueces y magistrados que desarrollan su trabajo con absoluta independencia y en estricto cumplimiento de las Leyes emanadas del poder legislativo, solapando, de esta forma, el mandato contenido en el artículo 117.3 de la Constitución que atribuye a los jueces y magistrados la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado”.
El documento emitido apunta que “tampoco consideramos admisible la incorporación al documento de un acuerdo que posibilite la revisión de la labor de los Tribunales e incluso que pueda determinar la exigencia de responsabilidad de jueces y magistrados al amparo del concepto “lawfare o judicialización de la política”.
El Colegio que representa a los profesionales de la Abogacía en la Comunidad recoge que “en nuestra condición de Corporación de Derecho Público y partícipes de la administración de justicia, queremos trasladar nuestra confianza en el Estado de Derecho y el compromiso de la Abogacía con el marco constitucional del que nos hemos dotado, haciendo un llamamiento a la responsabilidad y al diálogo de nuestros representantes para el logro de la concordia siempre desde el respeto a la legalidad”.
