El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha aceptado la dimisión del consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José Luis Gochicoa, y ha defendido su honorabilidad en relación a la investigación judicial abierta por los contratos amañados, presuntamente, por un funcionario del Servicio de Carreteras Autonómicas.
«En este asunto, José Luis Gochicoa está limpio absolutamente, pero, como hemos puesto el código ético a un listón que ha de servir de ejemplo, creo, para todos, la semana que viene aceptaré su dimisión como consejero con harto dolor y consciente de que probablemente estoy cometiendo una injusticia», ha dicho hoy Revilla en rueda de prensa.
El jefe del Ejecutivo ha matizado que la dimisión de Gochicoa se producirá la próxima semana para permitir al actual titular de Obras Públicas comparecer en el Parlamento, el próximo lunes, y «dejar las cosas claras». Además, ha anunciado que será sustituido por un nuevo consejero.
Miguel Ángel Revilla ha dedicado buena parte de su intervención a defender la integridad de Gochicoa -«el mejor hombre de mi Gobierno»- y también del director general de Carreteras, Manuel del Jesus -«un técnico con un comportamiento impecable»-, que también ha presentado su dimisión. Según ha asegurado, ambos tenían «total desconocimiento» de las maniobras del funcionario detenido, del que ha dicho que, «aparte de ser un presunto sinvergüenza, tenía un sistema montado bastante perfecto».
El presidente ha querido aclarar que en la investigación que está realizando el Juzgado de Instrucción Número 5 de Santander «no hay ningún hecho reprobable de ningún miembro del Gobierno», tal y como se desprende del sumario del caso, que consta de más de 4.000 páginas y que ya ha sido revisado por los servicios jurídicos autonómicos.
Asimismo, ha recordado que el Ejecutivo cántabro se ha personado como perjudicado en la causa y está colaborando con la justicia para llegar hasta el fondo de esta presunta trama de corrupción que apunta a una única persona, un «garbanzo negro» entre los 25.000 funcionarios que componen la Administración regional.
Por ello, ha hecho un llamamiento a no poner en cuestión la honradez de los empleados públicos, ni tampoco de los empresarios de Cantabria o de la clase política. «Aquí no hay tío Berni, ni hay Gürtel, ni hay compras de jueces… No. Aquí hay un presunto sinvergüenza que ha hecho algo increíble, pero también es cierto que los controles han fallado», ha reconocido.
Medidas
Por otro lado, Miguel Ángel Revilla ha informado de las medidas que el Gobierno va a adoptar para reforzar los controles en materia de contratación y las cautelares que ha solicitado al juzgado como parte implicada en el proceso.
Sobre las primeras, ha adelantado que la Administración va a obligar en adelante a que los informes técnicos, económicos y de valoración de las consejerías incluyan la firma de al menos dos funcionarios con competencias en la materia y no de uno solo como hasta ahora. «De esta forma será más complicado que ocurran situaciones de éstas», ha añadido.
En cuanto a las medidas de carácter cautelar, en primer lugar, el Ejecutivo regional ha pedido ampliar la investigación a las personas jurídicas (hasta el momento solo afecta a las personas físicas responsables de las empresas) para poder apartar a las firmas presuntamente implicadas en la trama de los procesos de adjudicación que están en marcha y en los que ha tomado parte el funcionario detenido.
Según ha explicado el presidente, el objetivo es que el juzgado determine la prohibición temporal de contratar con las empresas investigadas para no paralizar la actividad ordinaria en lo que se refiere a actuaciones, por ejemplo, de vialidad invernal, limpieza de argayos u otras relativas al mantenimiento de la red de carreteras autonómicas.
En segundo lugar, se ha puesto en conocimiento de la jueza que instruye el caso la existencia de otros expedientes de contratación en los que están implicadas las empresas señaladas y sobre los que no existe «ningún indicio» de ilegalidad. Por este motivo, el Gobierno quiere continuar con su tramitación para no perjudicar la prestación del servicio público, pero con el conocimiento y el amparo del juzgado.
En tercer lugar, se ha solicitado también la apertura de una cuenta bancaria donde consignar las cantidades a abonar por las obras en las que han participado algunas de las firmas investigadas y en cuya adjudicación haya intervenido el funcionario en cuestión.
Finalmente, se ha notificado la apertura de un expediente disciplinario para la suspensión de esta persona como empleado público de la Comunidad Autónoma.
