El consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Guillermo Blanco, acompañado por la directora general de Desarrollo Rural, Marisa Pascual, ha participado esta tarde en una reunión telemática con sus homólogos de Galicia y Asturias. En la reunión, las tres administraciones acordaron solicitar al Gobierno Central una mayor flexibilidad en los requerimientos de la nueva Política Agraria Común (PAC), para el período 2023-2027.
Los gobiernos autonómicos consideran que, teniendo en cuenta la previsión en los plazos establecidos en el Real decreto en el que se enmarca este nuevo período de la PAC, se aprecia una notable lentitud y cautela en la toma de decisiones por parte de los agricultores y ganaderos a la hora de presentar sus solicitudes, debido al importante calado de las novedades introducidas en la PAC.
Asimismo, los tres consejeros han coincidido en que los tiempos de tramitación de las solicitudes por parte de las entidades colaboradoras son más elevados que en campañas anteriores puesto que la aplicación nacional de captura de datos no estaba totalmente operativa a 1 de marzo de 2023 y aún hay mejoras previstas a incorporar en la aplicación informática.
De este modo, han aseverado que es necesaria la ampliación del plazo de presentación de solicitudes por lo menos hasta el 30 de junio y del plazo de modificación de las mismas hasta el 15 de julio de 2023. Así, el fin es evitar que potenciales beneficiarios no puedan presentar correctamente la solicitud por una previsible saturación de las entidades colaboradoras.
A mayores, han recalcado que se trata de una base jurídica totalmente nueva y que se publicó más tarde del previsto, imposibilitando una planificación eficaz de la campaña 2023, retrasando que los agricultores y ganaderos conozcan con detalle las normas que regulan esta PAC y generando numerosas dudas, especialmente sobre la aplicación de los ecoregímenes, la condicionalidad reforzada y de las ayudas agroambientales.
Por lo tanto, las tres administraciones autonómicas demandan que, excepcionalmente en esta campaña 2023, se simplifique la gestión de la solicitud de la PAC sin que sea necesaria la captura de información no relevante para realizar los pagos de las ayudas y, en caso de que se detecten incumplimientos en los requisitos de las ayudas directas y los controles de condicionalidad reforzada, no supongan penalizaciones adicionales en las parcelas que ya se determinaran como admisibles.
Por último, tanto el Gobierno de Cantabria como los gobiernos de Galicia y Asturias consideran necesario que en la campaña de este año se permita el uso en todos los casos de un cuaderno de explotación en formato papel, retrasando la entrada en vigor del formato digital a partir de 1 de enero de 2024 de forma progresiva para su implantación el 1 de enero de 2025. En este sentido, han explicado que hay que tener en cuenta que se trata de una novedad en un sector que, por sus características de edad y formación, no está totalmente preparado para afrontar este reto y puede provocar el abandono significativo de la actividad agraria y de zonas rurales con efectos socioeconómicos negativos.
