ANPE, primera fuerza sindical a escala estatal entre el profesorado de la enseñanza no universitaria, reclama al Gobierno un incremento salarial superior al 5% en 2025 para los empleados públicos con el fin de recuperar parte del poder adquisitivo perdido en los últimos años.
El pacto salarial que se suscribió en su día para el periodo 2022-2024 ha tenido unos efectos claramente regresivos para el personal público. Desgraciadamente, el tiempo ha dado la razón a ANPE, que advirtió desde el primer momento de que el acuerdo firmado en 2022 era muy insuficiente.
La subida del 9,5% fijada para el trienio que está a punto de concluir (un 8% fijo más un 1,5% variable en función de la evolución del IPC) no ha cumplido su objetivo de compensar la inflación de estos años, y ha supuesto un empobrecimiento para el personal docente de la enseñanza pública y para el resto del funcionariado.
Hay que recordar, además, que, tras el incremento del 2% fijo correspondiente a 2024, queda pendiente la subida del 0,5% de la parte variable del acuerdo, que no se ha visto reflejada aún en las nóminas del personal público.
Más allá del aumento superior al 5% para el año 2025, ANPE reivindica un acuerdo retributivo a largo plazo que permita paliar la pérdida de poder adquisitivo acumulada por el funcionariado desde 2010, año en que se aplicaron diversos recortes salariales con motivo de la crisis económica. Buena parte de esas medidas no se han revertido. Es el caso, por ejemplo, de las pagas extraordinarias. A pesar de que el Estatuto Básico del Empleado Público establece que las pagas extraordinarias deben equivaler a una mensualidad de retribuciones básicas y complementarias, esto continúa sin cumplirse y actualmente se mantiene el recorte de aproximadamente un tercio de su cuantía.
ANPE denuncia que esta merma en las pagas extra supone una pérdida anual mínima de más de 600 euros al profesorado adscrito al grupo A2 y de alrededor de 1000 euros al perteneciente al grupo A1, a lo que hay que sumar la parte correspondiente a los trienios. Para algunos docentes, esta medida ha supuesto una disminución en sus retribuciones de más de 15.000 euros en total en los catorce años que lleva aplicándose.
Equiparación salarial
Otra de las demandas de ANPE es la equiparación salarial del profesorado de la enseñanza pública, independientemente de la comunidad autónoma en la que trabaje. Son injustificables las diferencias de remuneración existentes entre las diferentes regiones, que en algunos casos llegan a alcanzar los 6.000 euros anuales atendiendo solo a las retribuciones básicas, a lo que hay que sumar otras situaciones de discriminación salarial. Algunas comunidades no han establecido sistemas de reconocimiento de carrera profesional horizontal que permitan incrementos del nivel retributivo sin ascender de cuerpo, mientras que otras sí. De igual forma, hay autonomías que continúan sin reconocer como tiempo trabajado y sin remunerar los meses de julio y agosto al profesorado interino que presta servicios al menos 5 meses y medio durante el curso.
