El derribo de una nave en la llamada mies del Piribí de Cabezón de la Sal ha traído consigo el enterramiento de las placas de uralita con el consiguiente amianto y la posibilidad de impactos tóxicos en los terrenos próximos, incluidas las aguas del arroyo del Terretín y el abastecimiento de agua potable al núcleo urbano. Por ello se ha reclamado desde Ecologistas en Acción al Ayuntamiento la adopción de las medidas adecuadas –entre ellas, la de aplicar la Ley sobre Infracciones en el Orden Social LISO 5/2.000, que establece sanciones de 30.000€ hasta 600.000€, y demandas por Contaminación Ambiental y delito ecológico–.con la obligación de neutralizar los efectos nocivos sobre el entorno y el establecimiento de un protocolo de actuación en esta ocasión y otras similares para corregir su posible contaminación y prevenir cualquier filtración o riesgo para la población teniendo en cuanta que en España, es obligatorio retirar el amianto cuando se haya alcanzado su vida útil de unos 25-30 años desde que se montó o esté deteriorado suponiendo un riesgo para la salud.


















