El titular del Juzgado de Instrucción n.º 4 de Santander ha abierto juicio oral contra un monitor acusado de grabar con su móvil a jugadoras de fútbol mayores y menores de edad en un vestuario deportivo.
En un auto notificado recientemente y contra el que no cabe recurso, el magistrado declara competente para la celebración del juicio contra el investigado a los Juzgados de lo Penal de Santander.
Además, acuerda que preste una fianza de 104.000 euros para asegurar las posibles responsabilidades pecuniarias que pudieran imponérsele, y mantiene las medidas cautelares que le impuso durante la instrucción: la obligación de comparecer periódicamente en el juzgado, y la prohibición de aproximarse a centros deportivos y de acercarse y comunicar con las afectadas.
Ocho acusaciones
La apertura de juicio oral se produce después de que el ministerio fiscal y las siete acusaciones particulares personadas hayan presentado sus respectivos escritos, en los que se califican los hechos como delitos contra la intimidad.
En concreto, el magistrado ha abierto juicio oral por dieciocho delitos contra la intimidad sobre mayores de edad, otros dieciocho delitos contra la intimidad sobre menores de edad, catorce delitos continuados contra mayores de edad y un delito continuado contra una menor de edad. La continuidad delictiva se ha aplicado en aquellos casos en los que el investigado presuntamente grabó a la misma persona en varias ocasiones.
Por estos delitos, el ministerio fiscal solicita un total de 148 años de prisión y 190.800 euros de multa, así como inhabilitación para trabajar como monitor o entrenador deportivo, inhabilitación para desempeño que conlleve contacto con menores, y prohibición de comunicar y acercarse a las afectadas.
En concepto de responsabilidad civil, pide el ministerio público que el acusado indemnice con 78.000 euros a las perjudicadas. De forma subsidiaria, la fiscalía solicita que lo hagan la empresa que empleaba al monitor y el Ayuntamiento que contrató a la mercantil para la actividad deportiva que se desarrollaba en las instalaciones municipales.
Por su parte, el resto de acusaciones particulares, que defienden a las afectadas que han deseado personarse en la causa, solicitan penas de hasta 271 años de prisión y 10.800 euros de multa.
Dictada la apertura del juicio oral, el Juzgado ahora da traslado a la defensa del acusado para que formule su correspondiente escrito de defensa, como paso previo a elevar las actuaciones al órgano enjuiciador que, en este caso, son los juzgados de lo Penal.
