El diputado y portavoz del PRC en materia de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Guillermo Blanco, propondrá una iniciativa al Parlamento en el Pleno del próximo lunes para pedir al Gobierno de Cantabria el cumplimiento de los acuerdos políticos alcanzados con los cazadores, y firmados con la Federación Cántabra de Caza, y la implementación de políticas que garanticen la práctica de esta actividad «de manera responsable y sostenible», reforzando la colaboración con otras comunidades autónomas lograr un tratamiento «equitativo y coordinado».
Con esta iniciativa, Blanco pretende reafirmar el compromiso con la actividad cinegética como «elemento fundamental para el equilibrio ecológico, el desarrollo socioeconómico del medio rural y la conservación de la biodiversidad», además de una «herramienta esencial» para el control de especies cuya superpoblación puede generar graves problemas para las explotaciones agrícolas y ganaderas y el equilibrio territorial.
En este sentido, ha destacado que Cantabria cuenta con una larga tradición cinegética y ha demostrado en reiteradas ocasiones «su compromiso con el sector y su reconocimiento a su valor cultural y económico», por lo que considera «esencial» la implicación de las instituciones para fomentar la actividad, tanto por su «impacto directo en la economía rural» como por su contribución a la gestión sostenible del territorio.
Con este objetivo, el diputado regionalista quiere que el Parlamento exprese su reconocimiento a la caza como «actividad esencial» para el control de las poblaciones de especies como el lobo y el jabalí, la protección de las explotaciones agrícolas y ganaderas, el mantenimiento del equilibrio y la mejora de la biodiversidad. «Tenemos que defender el impacto positivo que tiene en el desarrollo socioeconómico del medio rural, el mantenimiento del paisaje y la protección del patrimonio cultural, apoyando a los cazadores frente a los ataques de los grupos contrarios a esta actividad», ha explicado.
Asimismo, plantea la conveniencia de llegar a acuerdos con otras comunidades autónomas para promover una licencia común que evite desigualdades entre los territorios y garantice a la ciudadanía el ejercicio de la actividad, reduciendo las trabas administrativas.
Guillermo Blanco aboga también por iniciar un plan de recuperación de especies de caza menor en la Reserva Regional del Saja, estudiar el aprovechamiento de especies como la cabra de monte en Peña Prieta e impulsar acciones de lucha contra el furtivismo, además de adoptar medidas para que sean los cazadores quienes, bajo la supervisión de las guarderías de montes, controlen los ungulados fuera de las áreas de seguridad, «mediante el perreo o cacería extraordinaria por daños».
La iniciativa del PRC plantea además instar al Gobierno de España a adoptar medidas para que vuelvan a ser los cazadores quienes lleven a cabo el control de ungulados en los parques nacionales y agilizar la gestión administrativa de renovación de cotos, además de facilitar su comarcalización a instancias de los administradores para mejorar así su gestión.
