Juan de Dios Ramírez-Heredia Montoya.Abogado y periodista
Que nadie se espante. Un ministro que forme parte del gabinete socialista, o del que pudiera crear el líder del Partido Popular, y que fuera gitano o gitana, sería en estos momentos una muestra de normalidad.
Tal vez no lo fuera hace 47 años cuando algunos periodistas bien intencionados, y un tanto ilusos, escribieron artículos instando al presidente del Gobierno a que me nombrara a mí ministro de lo que sea. Y no fueron solo periodistas, sino que hasta Lola Flores, la gitana más famosa del mundo —que junto a Carmen Amaya han sobrevolado todas las cotas de popularidad— reclamó públicamente que un gitano, firmante de la Constitución Española, debía estar al frente de un ministerio.
Estos días ando empeñado en redactar algunas páginas que tal vez se pudieran convertir en un libro de “Memorias” donde refiera con mayor detalle circunstancias como las que acabo de señalar y otras más singulares y sorprendentes por estar circunscritas al mundo gitano.
La Ley Electoral es un desastre
España está experimentando una convulsión política que no tiene precedentes. Testigos para la historia son los medios de comunicación tradicionales y las cadenas de radio y televisión. Políticos corruptos que han hecho uso del dinero público en su beneficio personal, descubiertos por la Guardia Civil, o líderes de otras formaciones políticas contrarias que hacen uso de las Redes Sociales para extender toda suerte de bulos y calumnias.
Tenemos en España un ejemplo palpable del poder que tienen algunos partidos políticos que con un escasísimo número de parlamentarios pueden imponer al presidente del gobierno la satisfacción de sus aspiraciones. Y no pasa nada porque ese deseo es legítimo y así lo permite la Ley Electoral.
Yo siempre he sostenido que el cambio de la Ley Electoral es urgente porque solo con esa herramienta se podría poner freno a quienes aspiran a estar en el poder y que solo cuentan con los medios afines que hacen más ruido del que se corresponde con sus verdaderos seguidores.
Mis primeros pasos en la vida política los di siguiendo las directrices que marcaba quien más tarde salió elegido presidente del Tribunal Constitucional de España. Fue precisamente don Manuel Jiménez de Parga quien criticó que el carácter provisional de la ley electoral de 1977 se transformara en definitivo en 1985. El gran jurista dejó escrito que «El único sistema electoral relativamente aceptable es el de Alemania, que sin ser bueno, es de los menos malos. Se vota a un candidato cercano por confianza y a un partido grande por proyecto nacional. Las listas abiertas no solucionarían nada, pero si no se modifica la ley electoral, la apatía seguirá extendiéndose». ¿Tan difícil es de entender?
Pero ahora es urgente que se produzca ese nombramiento
Estas palabras del profesor Jiménez de Parga son las que me dan pie para, salvando las distancias, pensar que la Ley Electoral, como la alemana, podría propiciar que se “votara a un candidato cercano por confianza”. Y que mutatis mutandi el presidente del Gobierno tuviera en cuenta esa realidad para nombrar ministro “cercano por confianza” a quien demostrara que su trayectoria pública ha sido no solamente eficaz sino novedosa.
Y es ahí donde los gitanos y las gitanas nos podemos manifestar. El Ministerio de Cultura ha decidido sustituir al director del Instituto de Cultura Gitana, Diego Fernández Jiménez. Está en su derecho de hacerlo toda vez que se trata de un alto cargo de una institución que forma parte de la propia estructura del ministerio.
Nosotros podemos decir, desde la Asociación que representamos, que Diego Fernández Jiménez, doctor en Derecho por la Universidad de Córdoba, es uno de los miembros de nuestra comunidad que ostenta un palmarés de realizaciones de magníficas iniciativas que le colocan muy en cabeza del de líderes y lideresas de la comunidad gitana en su conjunto.
Su lema, “España también es gitana”, ampliamente difundido durante los 18 años que ha estado al frente del Instituto, merecería que en cualquier gabinete gubernamental, Diego fuera nombrado Ministro del Gobierno de España.
