Eduardo Madroñal Pedraza
En esto, España va mal, muy mal, no va bien como el PIB, ni, por supuesto, va muy bien como el Ibex35. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), se han registrado, entre abril y junio de este año, 4.133 ejecuciones hipotecarias sobre viviendas (paso previo para los desahucios). Si se compara con el primer trimestre se ha dado un salto muy importante, ya que han crecido un 20,5%, y respecto al mismo periodo del año pasado se han elevado en un 27,8%. Habría que retrotraerse al último trimestre de 2022 para hallar otro trimestre con más de 4.000 ejecuciones hipotecarias.
Obviamente no son mayoría entre los desahucios. Según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en el primer trimestre de 2025 un 77% del total de desalojos se producen por impago del alquiler, una proporción que implica una cantidad mayor que nunca hasta ahora. Pero el aumento tan fuerte por impago de hipoteca desvela que el problema de la vivienda se extiende cada vez más y ya golpea a sectores sociales que estaban en proceso de adquirir una vivienda.
No sólo asfixia el alquiler también la compra
El 70% de las ejecuciones hipotecarias lo son sobre viviendas habituales. Hace una década, el 70% de tales ejecuciones eran sobre segundas viviendas de los propietarios. Es decir, la nefasta consecuencia del elevado ascenso del precio de la vivienda se amplía socialmente, cada vez más población la sufre.
Un dato que lo descubre es que la mayoría de desahucios se dan en viviendas de segunda mano, no en las de obra nueva. Las ejecuciones hipotecarias de este segundo trimestre son sobre viviendas cuyo inicio de compra fue entre 2005 y 2008. Dos factores abusivos están detrás.
Uno, el largo periodo de tipos altos de interés junto con bajos salarios, ha generado la imposibilidad, para mucha gente, de poder hacer frente al pago de la hipoteca. Dos, el objetivo de los bancos por apoderarse de casas en un momento de alza incontrolada de precios, por lo que se quedan con las viviendas por un 70% del valor hipotecado, pero para venderlas por un 60% más.
Pero el alquiler ahoga más
Los desahucios por impago aumentan dolorosa e imparablemente en España, y, sin duda, especialmente los impagos de alquiler, que acumulan la mayoría de los lanzamientos, el 77% actualmente. Según el INE, el precio de la vivienda ha subido un 12,2% en el primer trimestre de 2025, el mayor incremento registrado desde hace 18 años, pero lo sangrante es que ya van once años de subidas consecutivas, con un fuerte repunte en los últimos años.
Según Eurostat, en nuestro país, de quienes viven de alquiler, un 28,1% están sobreendeudados, lo que quiere decir, que destinan más del 40% de lo que ingresan a pagar la renta. Esto es casi 10 puntos por encima de la media comunitaria.
En el principio estaban los fondos buitre
Los fondos y bancos buitre estadounidenses como Blackstone, Cerberus, Lone Star, CBRE y Goldman Sachs llegaron tras la crisis de 2008, cuando el colapso de su burbuja inmobiliaria, obligó a los principales bancos españoles con una masiva cantidad de viviendas devaluadas a deshacerse de ellas directamente o entregarlas a la Sareb. Y así los fondos buitre adquirieron más de 50.000 propiedades de los bancos a un precio irrisorio.
Los bancos y la Sareb vendieron a precios muy bajos. Los fondos buitres compraron. Desde entonces estos fondos y bancos dominan la vivienda española. Y llevan vendiendo y alquilando por toda España, con unas ganancias exorbitadas, lo que genera un constante aumento de los precios de compra y alquiler, que arrastra al resto de vendedores y arrendadores.
Un pacto de Estado por la vivienda
Es necesario dar una respuesta estructural para todo el país, un Acuerdo Nacional o Pacto de Estado por la vivienda que saque este problema del enfrentamiento y el debate político cotidiano. Se necesita un plan integral a partir de un compromiso de mínimos que tenga en cuenta las demandas de la población y las propuestas de profesionales y organizaciones de lucha por la vivienda.
Y medidas como la creación de un parque público de vivienda social para pasar del 2,5% actual en España al 10% de la media europea y construir 1,8 millones de viviendas sociales; imponer límites a los precios del alquiler, que en ningún caso debería superar el 33% del salario; ningún desahucio sin alternativa habitacional; acabar con el control de los fondos buitre y bancos sobre el mercado inmobiliario; y ayudas a los jóvenes para el acceso a la vivienda. Y crear una empresa pública de vivienda.
