Los órganos judiciales de Cantabria recibieron 333 demandas de disolución matrimonial a lo largo del tercer trimestre de este año, lo que supone un aumento del 31,6 por ciento respecto a las presentadas en el mismo periodo de 2019, cuando se registraron 253.
Este incremento en el número de demandas de disolución matrimonial representa el doble del experimentado en el conjunto del país, donde también se observa un aumento de las disoluciones matrimoniales, pero del 16,6 por ciento.
El impacto de la crisis sanitaria causada por la covid-19 se hizo notar a la baja en las demandas de disolución matrimonial presentadas en los dos primeros trimestres de este año, que se redujeron un 22 y un 32 por ciento respecto a los datos registrados en esos mismos periodos de 2019.
Ahora, al analizar el tercer trimestre se observa un repunte, con un número mayor de demandas de disolución que las presentadas en los trimestres anteriores (333 frente a 289 de enero a marzo y 236 de abril a junio), y también superior a las que se presentaron durante el verano de 2019 (253).
No obstante, el número total de demandas de disolución matrimonial registradas en los juzgados de Cantabria entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de este 2020 (858) es inferior al de los nueve primeros meses del pasado año (972).
Todos estos datos se desprenden del informe que trimestralmente elabora el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial sobre la actividad de los juzgados de primera instancia con competencia en familia, y que ha sido difundido hoy con información relativa al periodo que va de julio a septiembre de este año.
En el tercer trimestre de este 2020, la tasa de disoluciones matrimoniales por cada diez mil habitantes se situó en Cantabria en 5,7, superior a la media de todas las comunidades autónomas, que fue de 5,4.
Además, durante este tiempo, los órganos judiciales de Cantabria registraron 100 peticiones de modificación de medidas acordadas en sentencia y 104 procedimientos para la fijación de medidas de guarda y custodia sobre menores nacidos en parejas no casadas y que se han roto.
Disoluciones matrimoniales
El informe estadístico recoge cinco campos a analizar dentro de la denominación “disoluciones matrimoniales”: las separaciones consensuadas y las no consensuadas, los divorcios de mutuo acuerdo y los contenciosos, y las nulidades matrimoniales.
Durante el tercer trimestre de este año se presentaron en Cantabria 316 demandas de divorcio, más que las registradas en 2019 (244).
En concreto, 182 eran divorcios acordados –un 23 por ciento más- y 134 eran litigiosos –un 39,6 por ciento más. A nivel nacional, también crecieron unos y otros, aunque de manera más moderada (un 17,7 y un 15 por ciento).
En cuanto a las demandas de separación, los juzgados de familia de Cantabria registraron del 1 de julio al 30 de septiembre 17 procedimientos de este tipo, ocho más que un año antes.
De ellos, 16 eran separaciones consensuadas (la mitad en 2019) y una contenciosa (el mismo dato que un año antes). A nivel nacional, las separaciones de mutuo acuerdo y las litigiosas se incrementaron un 19,7 y un 6,6, por ciento, respectivamente.
Durante el periodo analizado no se registró ninguna demanda de disolución matrimonial, al igual que ocurrió en el mismo periodo de un año antes.
Cantabria, en la media nacional en disoluciones matrimoniales
Poniendo en relación las demandas de disolución matrimonial con la población, Cantabria registró 5,7 procedimientos de este tipo por cada diez mil habitantes, una tasa superior a la media de todas las comunidades autónomas, que fue de 5,4.
Y es que Cantabria se encuentra entre las regiones donde más disoluciones matrimoniales se presentaron en relación a la población, solo por detrás de Canarias y Comunidad Valenciana (6,6), Baleares (6,1) y Andalucía (5,9).
Donde menos demandas de disolución matrimonial se registraron fue en Castilla y León y País Vasco (4,3), seguidas de Madrid (4,4) y Aragón (4,6).
Por partidos judiciales, en Santander se presentaron 131 demandas de disolución (77 divorcios consensuados, 41 litigiosos y 13 separaciones de mutuo acuerdo) y en Torrelavega las demandas de este tipo ascendieron a 87 (48 divorcios no consensuados, 36 de mutuo acuerdo, 2 separaciones acordadas y 1 litigiosa).
En Santoña, las demandas de disolución matrimonial presentadas en el tercer trimestre de este año fueron 32 (22 divorcios consensuados, 9 litigiosos y 1 separación acordada).
En Castro Urdiales, los juzgados registraron 27 demandas de disolución matrimonial (15 divorcios de mutuo acuerdo y 12 contenciosos), en Medio Cudeyo fueron 23 (12 divorcios consensuados y 11 litigiosos) y en Laredo 20 (15 divorcios de mutuo acuerdo y 5 no consensuados).
Finalmente, el único juzgado de Reinosa registró 8 demandas de disolución matrimonial (5 divorcios litigiosos y 3 consensuados) y el también único de San Vicente de la Barquera recibió 5 (3 divorcios litigiosos y 2 consensuados).
Procedimientos de modificación de medidas
La estadística también analiza los procedimientos presentados en los juzgados solicitando la modificación de alguna de las medidas que fueron acordadas en sentencia – bien en sentencia de separación, divorcio o nulidad, o bien en sentencia en la que el juzgado acordó medidas relativas a la guarda y custodia de hijos e hijas nacidos fuera del matrimonio.
Durante el tercer trimestre de 2020, se registraron 100 peticiones de este tipo, en su mayoría (70) no consensuadas, un 7,9 por ciento menos que en 2019. A nivel nacional, estos procedimientos aumentaron un 8,6 por ciento.
Los procedimientos presentados de mutuo acuerdo solicitando la modificación de medidas fueron 30, un 7,1 por ciento más que un año antes. La media nacional también aumentó, un 28,3 por ciento.
Finalmente, los juzgados de Cantabria recibieron 104 procedimientos para la adopción de medidas sobre guarda, custodia y alimentos de descendientes nacidos en parejas no casadas que se rompen.
De ellos, 57 eran peticiones contenciosas -un 35,7 por ciento más- y otras 47 de mutuo acuerdo –un 11,9 por ciento más que un año antes.
A nivel nacional, tanto las peticiones de medidas sobre guarda, custodia y alimentos contenciosas como las no contenciosas, también se incrementaron respecto a 2019: un 21,3 y un 56,8 por ciento, respectivamente.
