Inspección de Trabajo propone sancionar en grado máximo a Prosetecnisa por no abonar las cuotas a la Seguridad Social

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha emitido un informe, tras la denuncia realizada por la Federación de Hábitat de Comisiones Obreras en Cantabria (CCOO), en la que propone acta de infracción por la comisión de una infracción grave en grado máximo a la empresa de seguridad privada Protección y Seguridad Técnica S.A (Prosetecnisa) por incumplir la obligación de ingresar las cuotas correspondientes de los trabajadores de la empresa a la Seguridad Social.
La inspección, que también ha señalado que la empresa no ha acreditado el pago de salarios a la plantilla, concretamente se les adeuda las nóminas de septiembre a diciembre de casi un centenar de personas, reclamación que el sindicato ha llevado a la vía judicial y que se encuentra pendiente de juicio.
La Federación de Hábitat de CCOO en Cantabria ha señalado que la empresa, que en la actualidad ya no opera en Cantabria, prestaba servicios de vigilancia y seguridad para ADIF, Parlamento de Cantabria, partidos del Racing de Santander o en los centros logísticos de UVESCO en Cantabria.
Las personas afectadas ascienden a casi un centenar que, en su mayoría, han sido subrogadas a otras empresas de seguridad aunque algunas de ellas se han quedado de nuevo totalmente desprotegidas, “en una nueva operación de filibusterismo empresarial, como tantas veces hemos visto en el sector de la seguridad privada”, ha señalado Antonio Helguera, responsable del sector de la seguridad privada en la Federación de Hábitat de CCOO en Cantabria.
Para Helguera, “estamos a la espera de la sentencia donde demandamos subsidiariamente a las dos empresas que son las actuales propietarias de Prosetecnisa (Distribuciones de Alimentos Edul S.L. y G&F&S Security Group) aunque el informe de la Inspección ya ha propuesto acta de infracción a la empresa por la comisión de una infracción grave que conlleva multa de hasta 4.545 euros y otra infracción muy grave que supone multa de hasta 45.504 euros y reconoce también los impagos”.
Para la federación, “se trata de un nuevo atropello contra los derechos de las personas que trabajan en la seguridad privada pero desde CCOO seguiremos luchando por defender unas condiciones laborales dignas”.