El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Santander ha estimado la demanda presentada por la UTE Jardines Santander contra la resolución del Ayuntamiento de Santander que en 2022 aprobó reclamarla 3,2 millones de euros por daños y perjuicios al entender que había incumplido el contrato de parques y jardines en lo relativo a plantilla y vehículos.
En una sentencia recientemente notificada y contra la que cabe recurso de apelación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, el titular del juzgado da la razón a la UTE y condena al Ayuntamiento al pago de las costas.
Según la resolución, durante el periodo de vigencia del contrato –entre 2012 y 2018- y también durante su prórroga, las certificaciones y facturas que mensualmente la UTE fue presentando al Ayuntamiento “fueron conformadas sin óbice alguno por el responsable del contrato”.
Por eso, “llama la atención que el Ayuntamiento, en el año 2021, incoe un expediente para afirmar el incumplimiento de la prestación en febrero del año 2012”.
“Lo que el Ayuntamiento no puede alegar en el año 2021 es que como no ha cumplido sus propias obligaciones de los pliegos ni ha procedido a una eventual comprobación de cada una de las certificaciones emitidas, no ha podido ejercitar sus potestades de control hasta el año 2019; esto es inasumible”, señala la sentencia.
