Hacia mediados de febrero en estas mismas páginas redactábamos el Artículo titulado: “BRUSELAS NO DEBERÍA INCREMENTAR TENSION FINANCIERA ESPAÑA EN ELECCIONES”.
El titular se justificaba porque a ningún Gobierno, sea del color que sea, le gusta sacar a relucir en año de Elecciones, cuestiones financieras, aunque se tratara como fue el caso de una visita rutinaria de Europarlamentarios a España sobre el supuesto buen uso de los Fondos Europeos, quedando ello superado dentro de cierto orden.
Junto a lo anterior, se encontraba previsto como todos los años la elaboración que cada Estado Miembro viene obligado a presentar anualmente denominado: ACTUALIZACIÓN PLAN DE ESTABILIDAD 2022-2025, – REFORMAS DE NORMAS FISCALES, de mayor envergadura, responsabilidad y exigencias que lleva aparejadas.
Efectivamente, hace unos días se celebró una Rueda de Prensa, posiblemente hubiese sido considerada como una más ofrecida por las habituales portavocías, pero en esta ocasión era convocada por el vicepresidente Dombroskis y el Comisario Gentiloni, como directores de orquesta, lo cual hacía presagiar algo especial.
El motivo principal era dar a conocer las pretensiones por parte de la Comisión en cuanto a la Reforma del Pacto de Estabilidad, y la forma en que se rasgará el velo de los Estados Miembros en cuanto a Deuda Pública y Déficit.
Dicho Pacto se centraría en la Propuesta de la Comisión centrada en un principio en mantener y no superar como valores de referencia la Deuda Pública en un 60% y tampoco el Déficit más allá del 3%.
Por ejemplo, según Expansión, la cifra conocida de la Deuda Pública española a febrero 2023 asciende a 1.502.005 millones de euros, es decir, un 114.38% del PIB, o lo que es lo mismo, cada español debe unos 32.000 euros, siendo España uno de los países más endeudados del mundo
La deuda pública se incrementó en 75.267 millones a lo largo del año (un 5,3%); el aumento acumulado desde el cierre de 2019, antes del inicio de la pandemia, es de 279.150 millones, un 22,8%.
En el capítulo de intereses de la Deuda, España gastó en 2022, según EL CONFIDENCIAL, 31.600 millones de euros, cantidad que irá en aumento en los próximos años, a tenor del valor de la Deuda.
El economista jefe del Banco Mundial, Carmen M. Reinhart, nos recuerda que Evaluar la sostenibilidad de la deuda pública es tan crítico como complicado. Es fundamental porque las dinámicas insostenibles de deuda suelen derivar en una dolorosa combinación de incumplimiento, inestabilidad de precios (ciclos inflación/deflación) y un sistema financiero roto. Es complicado porque la sostenibilidad está indisolublemente ligada a solvencia y liquidez.
En cuanto al déficit público, y, continuando con el diario Expansión, nuestro déficit ha mejorado en 2022, siendo a final de dicho año del -4-81% con relación al -6.87% de 2021.
Sin embargo, esa especie de “rama de olivo” que ofrece la Comisión en plan conciliador respecto a que existirá un escenario de planes individuales de ajustes individualizados por país, suena demasiado optimista, y no se percibe claro para la difícil situación de España.
Aparte de las consabidas frases de ánimos de costumbre, con las cuales se pretenden suavizar las duras realidades, no cabe ignorar algunos apartados de las admoniciones de los Representantes de la Comisión:
La propuesta de la Comisión de la UE reformar el Pacto de Estabilidad contempla las llamadas “cláusulas de salvaguardia” en determinados supuestos.
Según el T.F.U.E. es aquella por la que los Estados de la U.E. pueden adoptar medidas derogatorias temporales…..cuando surjan circunstancias imprevistas y especialmente perjudiciales, para ellos, siempre con autorización de la U.E.
Podrían servir de ejemplos:
Recesión económica severa en la UE o en la zona del euro que permita desviarse de los objetivos de gasto.
También se preverán cláusulas de salvaguardia específicas de cada país en caso de circunstancias excepcionales fuera del control del Estado miembro con un impacto material en las finanzas públicas.
El Consejo, sobre la base de una recomendación de la Comisión, decidirá sobre la activación y desactivación de estas cláusulas.
Uno de los problemas endémicos principales de España es la DEUDA, en crecimiento geométrico permanente.
Tampoco ayuda mucho la situación descrita en EL CONFIDENCIAL por el representante de la Junta Europea de Riesgo sistémico, J.L. Martínez Campuzano sobre riesgos severos para la estabilidad financiera en Europa, enviando un mensaje contundente ante la dificultad del momento actual y la elevada incertidumbre a corto plazo.
En otro orden de cosas, y según EL PAÍS, España ha debido remitir como máximo el 30 de abril sus Conclusiones sobre Propuestas Déficit (2023-2026) comprometiéndose a reducirlo al 3% en 2024 y al 2.7% en 2025, es decir por debajo de umbral máximo.
No se menciona ninguna derivada respecto a la Deuda Pública, problema de difícil solución dada su vinculación con el Crecimiento Económico.
Según expertos del F.M.I. aquellos países con más deuda pública crecen menos a largo plazo.
Finalizando, la U.E. siempre se ha reservado emitir opiniones sobre sus Estados Miembros. Es más, por política, siempre se ha reservado algunas palmaditas en la espalda para los jefes de Gobierno.
La citada reserva de por sí habitual, en la U.E., no impide que a nivel de algunos despachos en los cuales se ventilan asuntos propios de algunos Estados, o a nivel de pasillos, surjan rumores respecto a la continuidad del actual presidente y al incremento abstencionista que se presume.
No faltan tampoco los vaticinios relacionados con las nuevas controversias que surgirán de acuerdo con la tradición mediante las aplicaciones de las “nuevas reglas” entre el norte y el sur.
Mientras tanto, ir pensando en reducir el gasto público, con lo que ello conlleva.
