El Partido Popular subraya que es urgente concluir la campaña de vacunación en las residencias

La presidenta del Partido Popular, María José Sáenz de Buruaga, ha insistido en que es urgente concluir la campaña de vacunación en las residencias y proteger de este modo a un colectivo vulnerable y prioritario que el Gobierno ha aparcado cuando le ha convenido. “Las residencias, que ya han sufrido el retraso en las primeras semanas de vacunación por la falta de planificación y de criterio del Gobierno de Revilla, en ningún caso pueden ser ahora las paganas de las restricciones de dosis”, ha dicho.
La presidenta ha advertido de la necesidad de continuar vacunando a usuarios y personal de las residencias al mayor ritmo posible, administrando la segunda dosis que tanto el Ministerio como la Consejería de Sanidad aseguraban que estaba garantizada y cumpliendo la pauta marcada, es decir, cuanto antes a partir de los 21 días.
Buruaga ha reclamado un plan de vacunación transparente, con objetivos y criterios de preferencia claros, dosis suficientes y un calendario ágil para que la vacuna se administre en el menor tiempo posible para evitar que el Gobierno siga improvisando y maniobrando a su antojo.
La dirigente popular ha hecho estas afirmaciones después de reunirse, acompañada por la diputada Isabel Urrutia, con representantes de LARES y FED Cantabria – federaciones que agrupan a las entidades y empresas que pertenecen al sector de la dependencia- para abordar la situación actual de los centros.
Buruaga ha agradecido y puesto en valor el durísimo trabajo del sector de la dependencia en Cantabria desde el inicio de la pandemia, que ha sufrido como ningún otro la imprevisión y el abandono del Gobierno. Y ha pedido al Gobierno que habilite de manera urgente un fondo covid para ayudar a las entidades a “soportar el sobrecoste de la prestación del servicio en esta situación que se va a prolongar al menos durante todo 2021”, derivado tanto de los gastos extraordinarios -en medios de protección y en personal-, como de la merma de ingresos por la práctica paralización del sistema.
Según la dirigente popular, el sector, después de años con los precios muy ajustados, ha llegado exhausto económicamente a la pandemia, una situación en la que los costes se disparan, comprometiendo seriamente su viabilidad. “No podemos mirar para otro lado ante esta situación extraordinaria: o inyectamos recursos extraordinarios en el sistema público de atención a la dependencia o las entidades no lo soportarán y el sistema colapsará”, ha advertido.
La presidenta ha explicado que el sector ni tan siquiera ha cobrado aún las ayudas “testimoniales” que fueron habilitadas el año pasado en el plan de choque y, a pesar de que esta situación ha venido para quedarse al menos durante 2021, el Gobierno continúa sin dar ninguna respuesta y desechando las propuestas del Partido Popular. “Es más -ha añadido- ha aprobado un presupuesto de la era precovid que tampoco sirve para el sector de la dependencia.”
La presidenta de los populares ha reclamado una nueva normativa de acreditación “consensuada con el sector” que vaya acompañada de la revisión de precios públicos para garantizar la sostenibilidad del sistema y mejorar las condiciones de sus trabajadores.
Además, ha insistido en la falta de coordinación sociosanitaria que se ha mostrado como uno de los principales déficits de gestión de esta pandemia y que sigue generado desinformación, desorden y un desgaste que es preciso evitar.
Buruaga ha anunciado que el Grupo Parlamentario Popular volverá a llevar estas peticiones al Parlamento de Cantabria, como ya hizo en 2020 y durante la tramitación de los Presupuestos de la Comunidad.
“Esta vez no hay excusa ni negativa que valga, puesto que tal y como ha anunciado la consejera del ramo, Cantabria verá incrementada la aportación estatal para la dependencia en un 63%, unos fondos que no son para el Gobierno, sino para la atención a los dependientes”, ha dicho la presidenta, quien ha exigido que esos fondos extraordinarios que vienen del Gobierno de la nación para la dependencia lleguen a la dependencia y repercutan en el sector que está cargando en solitario con los gastos de la pandemia.” “No es posible fortalecer el sistema público de atención a la dependencia ni mejorar la atención dando la espalda a las entidades que prestan dicho servicio público”, ha concluido.