El Gobierno de Cantabria está ultimando una guía de buenas prácticas en materia de contratación en la que incorporará nuevas medidas para intensificar el control sobre los expedientes e informes que promuevan las diferentes Consejerías para contratar cualquier tipo de obra o servicio. Será un documento único para todos los órganos y las mesas de contratación.
De este modo, el Ejecutivo dará un paso más para unificar y reforzar las medidas implantadas por las diferentes consejerías en aras a garantizar la transparencia en la contratación pública.
Esta medida se sumará a los planes estratégicos e instrucciones internas en materia de contratación dictadas por las diferentes consejerías que establecen, entre otras medidas, la obligación de las direcciones generales de elevar un informe sobre el grado de cumplimiento de las contrataciones, los contratos menores, las empresas adjudicadas o los presupuestos, entre otros aspectos.
Estas instrucciones se dictan en el marco de la normativa vigente y están colgadas en el Portal de Transparencia junto con el Plan Antifraude en materia de contratación, dictado por todas las consejerías en el marco de los contratos financiados con los fondos MRR, el cual incluye un código de garantías contemplado en los pliegos de los contratos. Esas medidas ya están siendo aplicadas por todos los órganos de contratación, incluida la necesidad de abstención y recusación de todos aquellos que participen en los procesos de licitación.
Igualmente, las Consejerías exigen para adjudicar contratos menores la solicitud de tres presupuestos económicos.
Nueva guía
Para avanzar en estos controles, la nueva guía de buenas prácticas recogerá las resoluciones que han ido dictando los tribunales centrales de recursos contractuales,recomendaciones del Tribunal de Cuentas y diversas medidas que ya estaban siendo adoptadas, pero que se recopilarán en una instrucción única aplicable a todos los órganos de contratación.
La guía hará hincapié en aspectos como la posibilidad de que los informes técnicos sean valorados por los técnicos competentes en la materia de otras consejerías o la creación de un comité de expertos cuando los criterios de juicio de valor superen a los objetivos.
Además, la transparencia en la tramitación de los expedientes queda garantizada por la publicación de todos los pasos en la plataforma de contratos del Sector Público y en el Portal de Transparencia.
La Administración reforzará la idea de que los informes técnicos y de valoración de las consejerías incluyan la firma de al menos dos funcionarios con competencias en la materia y no de uno solo como hasta ahora.
Asimismo, y con carácter general, se controlará la obligatoriedad de separar los técnicos que elaboran las memorias de pliegos de prescripciones técnicas de aquellos que valoren posteriormente los criterios en las mesas de contratación, por lo que la persona que elabore el pliego de prescripciones técnica no podrá hacer el informe.
También se profundizará en la profesionalización de los funcionarios de los órganos en materia de contratación pública, así como en el marco de la integridad de los poderes públicos en materia de contratación pública.
La guía pretende igualmente mejorar las fases de planificación previa de la contratación pública con una adecuación programación contractual.
