El Gobierno de Cantabria ha adoptado medidas de refuerzo y para avanzar en la especialización de la plantilla pública, que se recogerán a través de la modificación de las Relaciones de Puestos de Trabajo y que supondrán una inversión superior a los 900.000 euros.
Estas medidas, negociadas en la Mesa Sectorial de Función Pública en distintas convocatorias a través de las que se han incorporado diversas propuestas planteadas en el órgano de negociación, suponen, tal y como explica la consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, “un avance importante en la modernización de los servicios públicos” al tiempo que un reconocimiento a la “labor fundamental” de los funcionarios públicos.
Entre las medidas de mejora destinadas al personal funcionario destaca la aprobación de un complemento de cuantía fija, vinculado a la localización del puesto de trabajo en zonas con riesgo de despoblamiento y/o a más de 40 kilómetros de los servicios centrales.
El objetivo de la medida, que afecta a un total de 372 puestos de trabajo, es, tal y como explica la consejera de Presidencia, incentivar el desempeño de estos puestos que en ocasiones resultan de difícil cobertura y que tienen una “contribución directa al mantenimiento de servicios públicos de calidad y a prestar una adecuada atención a los ciudadanos en el territorio de toda la Comunidad Autónoma”.
Los 4.686 puestos que conforman la Relación de Puestos de Trabajo de personal funcionario, se distribuyen entre los servicios centrales de las consejerías distribuidos en Santander, que representan el 84,08% del total de puestos, y la organización periférica que representa el 15,92% y se distribuye en otros municipios del territorio de la Comunidad Autónoma.
De eso 746 puestos de trabajo actualmente ubicados fuera de Santander, el 49,40% están localizados en municipios afectados por riesgo de despoblamiento y/o situados a más de 40 kilómetros de los servicios centrales.
Por otro lado, los compromisos adquiridos por el Gobierno inciden en la mejora de la prestación de los servicios públicos a los ciudadanos mediante la adecuación retributiva de los puestos de trabajo con competencias en materia de Recursos Humanos, Gestión Económica o Contratación, áreas transversales en la Administración que requieren competencias cada vez más especializadas, así como de los puestos de inspección, entre otras.
Además, entre las medidas de reorganización adoptadas por el Ejecutivo figura el establecimiento de guardias en los puestos de la Dirección General del Servicio Jurídico adscritos al Cuerpo de Letrados.
De esta manera, se busca garantizar la atención a incidencias en relación con la jurisdicción de menores, jurisdicción penal, derechos fundamentales en la jurisdicción social o para la presentación de escritos ante los distintos órdenes jurisdiccionales: solicitud de autorización judicial para la entrada en domicilio, cualquier otra medida que incida sobre derechos fundamentales, solicitud de medidas cautelares contencioso administrativas urgentes en materia sanitaria u otras.
Por otro lado, en lo que respecta al personal laboral al servicio de la administración, el Gobierno y las organizaciones sindicales presentes en el Comité de Empresa, una vez suscrito el acuerdo que posibilita el mantenimiento de la jubilación parcial anticipada del personal laboral del Gobierno de Cantabria durante los próximos cuatro años, han alcanzado esta semana el compromiso de llevar a cabo un análisis y revisión “en profundidad” de las condiciones de trabajo de este personal e iniciar un proceso que pueda culminar en la suscripción de un nuevo convenio colectivo.
A partir de enero de 2024, se comprometen a realizar un análisis previo, presentar propuestas concretas y establecer un calendario que pueda culminar en un nuevo convenio colectivo que recoja todos los avances ya realizados y profundice en otras necesidades del colectivo de personal laboral.
