“En un acto que revela no solo la opacidad, sino también la arrogancia administrativa, el Ayuntamiento de Laredo ha sido forzado a dar marcha atrás en el procedimiento de licitación para el Proyecto de Mejora de Aglomerado y Renovación de Servicios. ¿La razón? Irregularidades que rozan la arbitrariedad más descarada y una gestión que parece más propia de tiempos pasados que de una administración moderna y justa” ham manifestado desde Unidos x Laredo a través de un comunicado de prensa.
El grupo municipal de este partido político, conformado por los concejales Ramón Arenas San Martín, Lucas Roiz Morante y Rosalía Díaz Pérez, levantó la voz en defensa de los principios básicos que deben regir toda contratación pública: igualdad, transparencia y libre concurrencia. A través de un escrito presentado el pasado 16 de febrero, denunciaron irregularidades que “harían sonrojar a cualquier servidor público que valore la legalidad”, anunciando que de no corregirse adoptarían otras medidas legales..
Entre las sombras más alarmantes del proceso de licitación se encontraron, en primer lugar, la exigencia arbitraria de una planta asfáltica propia, un criterio que limitaba de forma injustificada la competencia y excluía a potenciales empresas en clara violación de los artículos 1 y 145 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP).
En segundo lugar, una solvencia económica desproporcionada que favorecía a unos pocos privilegiados y vulneraba el principio de proporcionalidad establecido en el artículo 87 de la LCSP.
Y en tercer lugar, la imposición de una garantía definitiva del 5% del contrato, sin una justificación técnica válida, atentando contra el artículo 107 de la misma ley.
Ante tales evidencias, el informe jurídico del Secretario Municipal no dejó lugar a dudas: “las restricciones impuestas no sólo carecían de justificación legal, sino que también violaban los principios elementales de igualdad y transparencia en la contratación pública”, lo que, a juicio de Unidos x Laredo constituye “un verdadero golpe a la credibilidad de quienes gestionan los fondos públicos, donde alguna empresa se podría ver beneficiada mediante una licitación irregular” han denunciado..
El resultado: un desestimiento forzado
Ante la contundencia del informe y el riesgo inminente de impugnaciones legales, el Ayuntamiento no tuvo más remedio que desistir del procedimiento de licitación. Este acto, aunque necesario, no exime de responsabilidad a quienes, por acción u omisión, intentaron imponer reglas que parecían hechas a medida de intereses particulares, por lo que UxL ha solicitado explicaciones.
Una llamada a la vigilancia ciudadana
Desde Unidos x Laredo se hace un llamado firme y decidido a la ciudadanía: la vigilancia de los actos públicos es un deber democrático. “No podemos permitir que la opacidad, la arbitrariedad o la incompetencia se normalicen en la gestión pública y se beneficie a unos en perjuicio de la legalidad”.
“La legalidad no es una opción, es una obligación. La transparencia no es una cortesía, es un deber. Y la rendición de cuentas no es una sugerencia, es el fundamento de la democracia” ha afirmado el portavoz de Unidos x Laredo, Ramón Arenas.
El Ayuntamiento de Laredo tiene ahora la responsabilidad de iniciar un nuevo proceso de licitación ajustado a la legalidad, sin favoritismos ni trampas disfrazadas de tecnicismos administrativos. “Los ciudadanos de Laredo merecen un gobierno que no solo cumpla la ley, sino que respete la esencia misma de la administración pública: servir al interés común por encima de cualquier otro interés”, ha recalcado finalmente Arenas.
