Una orden del gobierno autonómico andaluz -que concierta la atención primaria y que
fija en 65 euros el precio por la consulta en una policlínica privada- ha sido la chispa
que ha desencadenado las movilizaciones de la ya dolorida población, que lleva años
sufriendo el progresivo deterioro de la sanidad pública. Por ello, el pasado 25 de marzo
decenas de miles de ciudadanos se manifestaron en las ocho capitales provinciales
andaluzas convocadas por la Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas.
Sebastián Martín Recio declaraba como portavoz de la Marea Blanca andaluza que “el
recorte acumulado que vienen sufriendo los presupuestos de la sanidad pública en
Andalucía, en los últimos 13 años, es de casi de 20.000 millones de euros. Lógicamente
la mayor responsabilidad corresponde a los Gobiernos del PSOE en la Junta de
Andalucía desde 2009 hasta 2019, pero con el PP también”.
Zulema Olivencia Villegas, coportavoz de la Marea Blanca de Almería y coordinadora
de la manifestación en dicha capital, denunciaba -en una entrevista para Chispas y De
Verdad Digital- que privatizar la Atención Primaria “es una de las medidas que más
peligro conlleva para los ciudadanos de a pie. El uso de la atención primaria, como bien
indica su nombre es algo prioritario y que debería ser universal y de calidad, no estar en
manos de unos pocos para lucrarse de ello”.
Los problemas en la sanidad pública andaluza y sus causas
Los problemas que diariamente aparecen en la sanidad pública andaluza son la
saturación asistencial, la falta de personal, las listas de espera para la atención de los
especialistas, los tiempos de demora en la atención primaria y el poco tiempo dedicado
a los pacientes. Con mayor o menor intensidad son los mismos problemas que sufre la
población en todas las autonomías. En Andalucía los tres golpes infligidos a la sanidad
pública andaluza están causando su mayor deterioro y acelerando su privatización.
El primero golpe han sido los recortes por valor de más de 20.000 millones de euros
llevados a cabo en los últimos años. El segundo -y muy torticero- ha sido el aumento
aparente del presupuesto público -bandera que levanta la Junta de Andalucía- para en
realidad desviarlo a la sanidad privada. Un millón de pacientes han sido enviados al
sistema privado durante el año 2022.
Y el tercero ha sido ya un torpedo por debajo de la línea de flotación. Con la orden del
gobierno autonómico aparece por primera vez el precio a pagar por cada consulta con
un médico de familia privado; e, incluso, permite el uso de las instalaciones e
infraestructuras de la sanidad pública para tales derivaciones de la atención primaria a
médicos privados.
Pero Canarias también privatiza
El mismo día, 25 de marzo -en dos comunidades autónomas gobernadas por partidos de
distinto signo político-, la población se manifestaba en todas las capitales de provincia
de ambas autonomías. El objetivo era el mismo -con la peculiaridad de cada lugar- en
defensa de la sanidad pública y contra su privatización. Y las pancartas canarias decían
“se vende tu sangre”, “plantillas deficientes, riesgos para los pacientes”, “llevo 24 horas
trabajando ¿te atiendo?”, “no más contratos basura”.
En Canarias se han unido colectivos ciudadanos y organizaciones del personal sanitario
para reivindicar un servicio público y de calidad, y contra la privatización que supone
desviar el dinero público. En la particularidad canaria se une el peligro de una
privatización encubierta del Banco de Sangre, mediante el cambio del modelo de
gestión convirtiéndolo en una entidad pública empresarial.
Como declaró Daniel Quintero, portavoz del colectivo ICHH Público -colectivo de
trabajadores que lleva en lucha desde hace 320 días y que pertenecen al Instituto
Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH y conocido coloquialmente como
Banco de Sangre)- “no queremos que se haga negocio con la sangre, porque de ella se
sacan medicamentos, especialmente del plasma derivado, y no queremos que ninguna
empresa de gestión privada maneje ese material”.
Como denuncia el manifiesto conjunto de los diversos colectivos convocantes leído en
las manifestaciones “en los últimos años hay una campaña generalizada en nuestro país
para desprestigiar y desmantelar los servicios públicos de salud” para así dar pasos en
su privatización lo que conllevará un empeoramiento de la calidad de los servicios
sanitarios “porque los modelos privatizadores tienen unos costes muy superiores, y
avanzan inexorablemente hacia una sanidad donde el derecho de protección de la salud,
pasa de ser un derecho de todos los ciudadanos para convertirse en un privilegio para
aquellos que puedan pagárselo”.
‘Cuida a los que te cuidan’
Es un lema que suele aparecer en las pancartas de las marchas ciudadanas a lo largo y
ancho de toda España, por ejemplo, en las manifestaciones del 25 de marzo en
Andalucía y Canarias. Porque la población es consciente que el deterioro de la sanidad
pública que sufre descansa sobre el deterioro de las condiciones laborales del personal
sanitario.
Esta necesidad es la misma en todas las comunidades. Porque, al estar la sanidad
transferida, todas ellas, junto al gobierno de España, tienen pendiente invertir de verdad
en contratar personal, pero sólo ofertan calmantes al personal actual.
