Este próximo lunes, tendrá lugar, en la Sección Primera de la Audiencia Provincial (Salón de actos), el juicio por fraude a la Seguridad Social. La fiscalía acusa a nueve personas, cuatro de ellas en rebeldía, por lo que serán cinco los que se sentarán en el banquillo.
Según el escrito del ministerio público, uno de los acusados, autorizado en el sistema RED de la Seguridad Social, se encargaba de dar de alta a personas de origen moldavo que otro de los acusados –en situación de rebeldía- se encargaba de contactar.
Creaban así “una apariencia de relaciones laborales con dichas personas”, que también están acusadas. Sin embargo, “estos no solo nunca tuvieron contrato de trabajo alguno sino que nunca realizaron ninguna actividad para la empresa”.
Incluso, subraya la fiscalía, los dos principales acusados “en ocasiones llegaban a recibir una compensación económica por dichos trabajadores”.
“Las personas con las que contactaban no cumplían las condiciones para acceder a las distintas prestaciones ofrecidas por el sistema de la Seguridad Social español, ya sea por no haber cotizado nunca o por faltarles días de cotización”, explica el escrito de acusación, que añade que gracias a que eran dados de alta como trabajadores luego “conseguían cobrar las correspondientes prestaciones por desempleo”.
Y abunda en este punto: “Para que pudieran percibir las referidas prestaciones, presentaron ante el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) una certificación emitida por la empresa en que, faltando a la verdad, se indicaba el periodo en el que habían prestado sus servicios y, como causa de finalización de los mismos, el término del contrato laboral”.
Los hechos constituyen, a juicio de la fiscalía, un delito de fraude a la Seguridad Social o, alternativamente, un delito continuado de estafa, en concurso con otro continuado de falsedad en documento oficial.
La pena solicitada para los dos principales acusados es de seis años de cárcel y multa de 112.135 euros. Además, en caso de que fueran acusados por el tipo delictivo de fraude a la Seguridad Social, la pena conllevaría, según el fiscal, la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o de gozar de beneficios o incentivos fiscales durante ocho años.
Para el resto de los acusados, beneficiarios de las prestaciones de la Seguridad Social, el ministerio público pide una condena de 21 meses de prisión y multa de 2.430 euros. Además, al igual que en primer caso, la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o beneficios fiscales por cuatro años.
Estos, además, deberían indemnizar, a juicio de la fiscalía, al SEPE en las cantidades percibidas ilícitamente en concepto de prestaciones.
