La actividad de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Cantabria afloró el año pasado un total de 2.041.656 euros en fraudes y sanciones en materia de empleo, relaciones laborales y prevención de riesgos laborales. Asimismo, se ha logrado la regularización de la situación laboral de 899 trabajadores en la Comunidad Autónoma.
Así lo han destacado el director general de Trabajo, Economía Social y Empleo Autónomo, Jaime Alonso, y el director territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Cantabria, Miguel Ángel Gálvez Vicente, durante la reunión anual con los agentes sociales para dar cuenta de los resultados del ejercicio 2025.
Así, en materia de prevención de riesgos laborales, la Inspección actuó en 31 campañas planificadas, y en total se efectuaron 7.821 actuaciones, destacando las relativas a condiciones de seguridad (1.865), evaluación de riesgos (931), formación (707) y vigilancia de la salud (623).
Además, se extendieron 2.363 requerimientos, de los cuales la materia de evaluación de riesgos supuso el 15 por ciento del total de estos requerimientos, mientras que máquinas y equipos de trabajo representaron el 14 por ciento. Además, se realizaron 214 segundas visitas y se tramitaron 238 denuncias.
Las sanciones en esta área ascendieron a 1.699.761 euros, lo que supone un fuerte aumento de hasta un 60 por ciento respecto a 2024 en las infracciones; un incremento del 11 por ciento en trabajadores afectados, y una subida del 31 por ciento en los requerimientos.
En lo que respecta a Empleo y Relaciones Laborales, se desarrollaron 29 campañas con un total de 1.870 actuaciones, y las áreas principales fueron la normativa sobre contratación (708 actuaciones), tiempo de trabajo (452) y salarios (237).
Como resultado de los 293 requerimientos efectuados, se transformaron en indefinidos 899 contratos que estaban en situación irregular (432 por actividad ordinaria y 467 a través del Plan de Choque estatal), y se despacharon un total de 449 denuncias.
Además, se recuperó un total de 1.173.969 euros en salarios impagados y las sanciones en esta materia sumaron 341.895 euros.
Respecto a 2024, el número de infracciones descendió en un 39 por ciento, al igual que los requerimientos, que bajaron un 64 por ciento.
