La diputada y portavoz del PRC en materia de Salud, Paula Fernández Viaña, someterá a la aprobación del Parlamento una proposición no de ley para impulsar una respuesta frente al COVID persistente, una enfermedad que sigue afectando a numerosas personas en Cantabria 5 años después del inicio de la pandemia, con un impacto directo en su salud, su autonomía personal y su vida laboral.
La iniciativa de la diputada regionalista surge a instancias de la Asociación Cántabra de Afectados por COVID persistente, que reclama atención y apoyo del sistema sanitario público para hacer frente a las secuelas de la enfermedad.
Según ha explicado, muchos pacientes aquejados por COVID sufren los síntomas de la enfermedad durante meses «en incluso años», con una afectación multisistémica y un curso fluctuante que dificulta el normal desarrollo de sus actividades diarias y, en algunos casos, les incapacita para el ejercicio de su actividad laboral.
Entre los problemas que afronta este colectivo, Fernández Viaña ha destacado especialmente las dificultades para el diagnóstico, la falta de un registro homogéneo de pacientes y la ausencia de circuitos asistenciales claros, sobre todo en el ámbito de la Atención Primaria.
Asimismo, ha asegurado que en Cantabria existe «un infradiagnóstico preocupante», porque algunas estimaciones cifran en al menos 2.000 las personas afectadas, aunque solo alrededor de 60 forman parte de la asociación de afectados.
Con el fin de hacer frente a su situación, la propuesta que el PRC someterá el lunes a la consideración del Pleno del Parlamento llama la atención no solo sobre la dimensión clínica del problema, sino también sobre los problemas organizativos, formativos y sociolaborales que enfrentan los afectados. «Son personas que no sólo sufren de forma permanente los efectos de la enfermedad, sino que además tienen que enfrentarse a procesos largos y complejos para lograr el reconocimiento de su incapacidad y la adaptación que necesitan en sus puestos de trabajo y que, en demasiados casos, tienen que acudir a la vía judicial para reclamar las soluciones que necesitan», ha explicado la diputada regionalista.
Ante esta situación, la proposición no de ley plantea reivindicar soluciones tanto al Gobierno de España como al Ejecutivo cántabro. Al primero le exige el reconocimiento efectivo del COVID permanente como entidad clínica con respuesta socio-laboral específica, la revisión y homogeneización de los criterios de valoración de las incapacidades y una mayor coordinación entre los ministerios de Sanidad y Trabajo para «facilitar una atención integral a los afectados».
Por lo que respecta a la Administración de Cantabria, le pide que impulse medidas en el ámbito sanitario, como un plan específico de formación dirigido a los profesionales de Atención Primaria, la creación de un registro autonómico de COVID persistente, el refuerzo de la investigación a través del IDIVAL y el estudio de una unidad multidisciplinar de referencia para afrontar los casos más complejos.
