La Consejería de Educación trabaja en un proyecto que modifica la Ley de Consejos Escolares y que persigue ampliar los representantes de este órgano de consulta con la participación de directores de los centros educativos y miembros de la Inspección Educativa, así como con mayorías más reforzadas en la toma de decisiones.
Así lo ha anunciado el consejero de Educación, Sergio Silva, antes de la presentación del borrador del anteproyecto de Ley de Consejos Escolares, a los comités de directores de Primaria, Secundaria y de la Educación Concertada y a la presidenta del Consejo Escolar, María Ángeles Navarro.
Tal y como ha explicado, se trata de la primera iniciativa legislativa de su departamento, que busca «enriquecer» el texto legislativo en el ámbito de su composición y de su funcionamiento, y adecuarlo a una realidad educativa que ha cambiado «enormemente», tras 26 años de vigencia.
Las modificaciones previstas contemplan ampliar la representación en el Consejo Escolar con la incorporación de los directores de los centros educativos, uno en representación de la Educación Infantil y Primaria, otro de Secundaria y otro de centros concertados, y a la Inspección Educativa. Además, se sumará a todos los órganos directivos de la Consejería para que tengan representación todas las direcciones generales-actualmente topadas a cuatro-y se aportará «autonomía» y «peso propio» al representante de igualdad, cargo que en estos momentos ostenta también uno de los directores generales para adecuarse a los preceptos de la Ley de Igualdad Efectiva.
Mediante la representación directa de los directores-ha manifestado el titular de Educación- se abre la puerta a la participación de un colectivo de más de 300 docentes que tienen un «conocimiento profundo» de la realidad educativa de Cantabria y aportan muchas variables a la hora de planificar la política educativa, por lo que es bueno que tengan una «voz directa» en el Consejo Escolar de Cantabria.
También se contempla hacer «más exigente» la toma de decisiones con una mayoría reforzada o al menos la de dos terceras partes para aportar una mayor «perdurabilidad y estabilidad» a las mismas, en un órgano en el que está representada toda la comunidad educativa, y en consonancia con la tónica de decisiones a nivel general, donde cada vez, «se piden más consensos y se enriquece la participación de colectivos en un esfuerzo compartido».
Según ha explicado, toda la normativa medular de Educación establece mayorías reforzadas para la toma de decisiones, además, esta adecuación se adaptará a los principios rectores de la educación que busca ese «esfuerzo compartido y esa tarea colectiva», avalados con decisiones con un «amplio respaldo» que otorguen estabilidad y se adecuen mejor a la realidad educativa de 2025, que cada vez es «más plural y diversa», ha puntualizado.
La Consejería de Educación prevé registrar el proyecto en el Parlamento en el periodo de sesiones que va de septiembre a diciembre para su aprobación a finales de 2025 o principios de 2026. Con esta iniciativa, ha señalado, se da respuesta a uno de los compromisos electorales y cumplimiento a una de las medidas del Plan de Acción de la Consejería de Educación, presentado en 2023.
