El diputado y portavoz del PRC en materia de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Guillermo Blanco, ha acusado hoy al Gobierno de María José Sáenz de Buruaga de llevar «el caos» al mundo rural, con un consejero de Ganadería que «no tiene criterio, no demuestra capacidad política ni de gestión y carece de talento negociador y voluntad para llegar a acuerdos». «Es un consejero que ha creado problemas y no ha resuelto ninguno, que no cumple con los pagos, no convoca las ayudas que necesita el sector y tampoco parece que le interese la pesca».
Así lo ha asegurado el parlamentario regionalista este viernes en una rueda de prensa en la que ha hecho balance del primer año de mandato del Ejecutivo del PP, al que ha reprochado que no defienda los intereses de los ganaderos frente al lobo y que haya hecho de Cantabria «la única Comunidad que no ha resuelto los derechos de los jóvenes», mientras la presidenta «trata de ayudar con 1.000 euros y café para todos». «Así no se ayuda al sector», ha recalcado.
A su juicio, la gestión de Palencia se ha convertido en «una desgracia incluso peor» que la Covid, el encarecimiento de las materias primas o la pérdida de valor de los productos del campo, porque ha supuesto en apenas un año la pérdida de derechos consolidados y ha llegado cuando «los nubarrones» que habían mantenido «escasamente rentable» la actividad agraria «parecían ir despejándose gracias al esfuerzo compartido de productores y administraciones».
En este sentido, ha recordado que nada más iniciar su mandato «minimizó» problemas como la enfermedad hemorrágica epizoótica, que acabó siendo «una auténtica película de terror», con miles de reses muertas y los ganaderos y los ayuntamientos «abandonados a su suerte», y el robo de datos personales del Registro de Animales de Compañía, que los 150.000 cántabros afectados conocieron 17 días después de producirse «y a través del Boletín Oficial de Cantabria», además de negarse a cubrir las plazas de inspectores para realizar los controles establecidos por la Ley de la Cadena Alimentaria.
En materia de incendios forestales, considera que el Gobierno «ha estado jugando con fuego», como se puso de manifiesto en abril, cuando se sucedieron sucesos en Obeso, Sopeña y La Busta y tardó 12 horas en declarar la fase de preemergencia que establece el Infocant, demostrando «una incomprensible descoordinación entre las consejerías de Desarrollo Rural y Presidencia».
Guillermo Blanco ha sido especialmente crítico con la gestión de la Política Agraria Común, porque la Consejería no sólo no adelantó los pagos correspondientes a 2023, sino que entrado el verano de 2024 no ha completado los que debió terminar antes de la primavera, por lo que numerosos ganaderos «no han podido hacer frente a sus obligaciones con proveedores». «Se han incumplido los calendarios comprometidos con el sector reiteradamente, nunca en estas fechas había tantísimo dinero sin pagar», ha precisado.
También ha cuestionado la pérdida de ayudas destinadas a jóvenes, a mejora de instalaciones y pastos comunales y las actuaciones en el ámbito del Parque Nacional de Picos de Europa, donde no se han convocado las subvenciones para apoyar a entidades locales y a los productores que viven allí, han tenido que devolver 216.000 euros al Ministerio «por no gestionarlos antes del 31 de diciembre» y, después de 10 meses sin codirector, han actuado «con prisas» y «presionados por los medios de comunicación y las preguntas del PRC» para nombrar a un médico y concejal del PP en Liébana que «no es idóneo» y cuyo nombramiento ha sido recurrido.
En el área de medio ambiente, el diputado del PRC ha recalcado que el desbloqueo de los parques eólicos que Buruaga atribuye al PP ha sido posible gracias a la tramitación ambiental realizada en la pasada legislatura, que el nuevo Gobierno se ha limitado a continuar, «sin resolver en un año ninguna declaración de impacto, ni a favor, ni en contra». También ha lamentado la paralización de los proyectos de la nueva Ley de Prevención y Control Ambiental y la Estrategia Cántabra de Bioeconomía y Economía Circular, que el anterior Ejecutivo dejó ultimados, del Consejo Asesor de Medio Ambiente y Cambio Climático, que no ha sido convocado, y se ha preguntado si «sigue existiendo» el Centro de Investigación del Medio Ambiente (CIMA).
Por todo ello, ha calificado como «nefasta» la gestión del nuevo Gobierno y ha cuestionado el acuerdo ofrecido por la presidenta al sector, consistente en un pago de 1.000 euros para cada productor, que ha valorado como «café para todos, lo mismo para quien tiene 100 vacas que para el que tiene 20». «Así no se arreglan las cosas», ha concluido.
