La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria acogerá este martes, 30 de enero, contra siete acusados, accionistas de B3 Cable, de apropiarse indebidamente de 6,3 millones de euros procedentes de la financiación que recibieron para comprar una fábrica en Maliaño. También se les acusada de defraudar a Hacienda 508.000 euros.
Según el escrito de la fiscalía, los siete acusados formaban parte de la Junta de Accionistas de B3 Cable, mercantil que adquirió en 2008 por 18,8 millones de euros una fábrica en Maliaño gracias a un acuerdo de financiación que suscribió con una entidad bancaria.
Dos meses después de la operación, la Junta de Accionistas aprobó abonar 6,3 millones de euros a otra mercantil, participada por cinco de los acusados, en concepto de la gestión efectuada por esta última para lograr la compra de la fábrica de Maliaño por parte de B3 Cable.
Sin embargo, señal la fiscalía, esta mercantil “no prestó ningún servicio ni realizó gestión alguna”, sino que “los acusados que participaban de ambas sociedades, guiados por la intención de obtener un ilícito beneficio aprovecharon que se recibía en las cuentas de B3 Cable una importante cantidad de dinero procedente de la financiación bancaria y se concertaron para autorizar en la Junta de Accionistas el pago de tan importante cantidad de dinero a otra entidad de la que ellos mismos participaban”.
El abono de los 6,3 millones de euros se aprueba y al día siguiente ya figura en la cuenta de la mercantil supuestamente intermediaria para, cuatro días después, transferirse a alguien desconocido.
“En cualquier caso, con posterioridad, todos los acusados se beneficiaron de la cantidad de 6,3 millones de euros, ya fuera en metálico o en distintos productos que en su beneficio redundaron (fondos de pensiones, primas, bonos…)”, señala la fiscalía.
Por otro lado, en 2009, la Junta General de B3 Cable aprobó las cuentas anuales del ejercicio anterior, en las que se incluía la factura de 6,3 millones de euros”.
A continuación, B3 Cable procedió a realizar la liquidación del Impuesto de Sociedades, deduciéndose la citada factura, por lo que “al deducirse gastos que no lo son por tratarse de servicios ficticios, la cuota defraudada asciende a 508.590 euros”.
Cuatro de los acusados eran en ese momento administradores de la empresa y los tres restantes eran socios mayoritarios, todos ellos presentes en la Junta General que ratificó el acuerdo de financiación para la compra de la fábrica de Maliaño en 2008 y en la que aprobó las cuentas sociales en 2009, “sabiendo por su condición en ambas mercantiles que, lejos de suponer el abono de unos servicios nunca prestados, los 6,3 millones de euros tenían por destino su propio beneficio personal”.
Por todo ello, la fiscalía considera a los siete acusados autores de un delito de apropiación indebida y otro contra la hacienda pública.
En este último caso, los cuatro administradores de B3 Cable lo son como autores y los otros tres, accionistas, lo son como cooperadores necesarios.
Las penas solicitadas para los cuatro acusados que eran administradores de B3 Cable y por tanto autores del delito de apropiación indebida y también del delito fiscal ascienden a seis años de prisión y 2.061.360 euros de multa.
Por su parte, los tres restantes que eran accionistas mayoritarios, autores del delito de apropiación indebida y cooperadores necesarios en el delito fiscal, la pena solicita asciende a cinco años y medio de cárcel y 1.552.770 euros de multa.
Además, solicita la fiscalía que todos ellos sean condenados a la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho de gozar de beneficios fiscales o de la Seguridad Social durante un periodo de cinco años.
En concepto de responsabilidad civil, el ministerio público pide que indemnicen de manera solidaria en 6,3 millones de euros a la Administración Concursal de B3 Cable –la compañía entró en liquidación- y en 508.000 euros a la Agencia Tributaria.
Por otro lado, la Abogacía del Estado, que ejerce la acusación particular por el delito fiscal, pide una pena para cada uno de ellos de tres años de prisión y multa de 1.017.180 euros, además de la pérdida durante cuatro años del disfrute de beneficios fiscales, subvenciones o ayudas públicas.
En concepto de responsabilidad civil, también pide que se fije en 508.000 euros la indemnización a la Hacienda Pública.
Está previsto que este juicio continúe los días 31, 1, 6, 7 y 8 de febrero.
