Si hay algo venenoso en los medios de comunicación monopolistas -salvo honradas excepciones- es la colaboración en la persistente confusión creada para que la gente nos miremos el ombligo, para que no seamos conscientes del verdadero peligro, del auténtico enemigo. Y sin embargo los centros de poder estadounidense y europeo vienen anunciado, a bombo y platillo, las ineludibles exigencias esenciales a las que tendrá que responder el nuevo gobierno, sea del color que sea. Tanto Washington como Bruselas coinciden en dos: la continuidad del atraco monopolista con la inflación y el expolio financiero con los tipos de interés altos; y la obligación del gobierno de cumplir lo firmado con Bruselas aplicando los recortes necesarios para reducir el déficit y la deuda.
FMI: tipos de interés altos, es decir, recortes y subir impuestos a la gente
Desde Washington, el Fondo Monetario Internacional (FMI) -en su informe sobre las perspectivas de la economía mundial- pregona el fin de las medidas que se tomaron para paliar los efectos de la pandemia y la invasión rusa de Ucrania -cuyos costes se cargaron como gasto público del Estado- para proteger a los bancos y los monopolios. Y se unifica con el Federal Reserve System (FED) -el banco central de Estados Unidos- y el Banco Central Europeo (BCE) fijando como “prioridad política número uno, la inflación” y recomendando “que se mantengan los tipos de interés altos el tiempo que sea necesario”, según ha declarado su directora Kristalina Georgieva, pese a reconocer el impacto negativo sobre los trabajadores y la asfixia de las familias.
Y ahí está el veneno. Mantener los tipos de interés altos para que la banca y los monopolios aumenten sangrantemente sus beneficios, mientras la inmensa mayoría social -pymes, autónomos, trabajadores, pensionistas, familias y el resto de la gente- se empobrece y se asfixia.
El FMI asegura que a nivel mundial la economía se ralentizará en 2023, sobre todo en la Eurozona donde augura un crecimiento mínimo del 0,9% en 2023. Y aunque reconoce que España podría crecer por encima de la media europea, urge a los gobiernos -especialmente de los países de la Eurozona con más deuda y más déficit, entre ellos a nuestro país- a luchar contra la inflación recuperando una de sus viejas recetas: hacer recortes y subir impuestos al 90%; no a la banca y los monopolios, ¡dios nos libre!
Bruselas: el regreso a la disciplina fiscal, es decir, recortes a la mayoría
A partir de la primavera del próximo año los países de la Unión Europea tendrán que volver a cumplir las reglas fiscales fijadas por Bruselas. El futuro gobierno, sea del color que sea, tiene que enfrentarse a las exigencias de la UE, y el dilema es obedecer o defender la soberanía nacional.
Bruselas acaba de aprobar una revisión del Pacto de Estabilidad Fiscal. El nuevo pacto mantiene en el 3% los límites del déficit público y en el 60% del PIB el nivel de la deuda. España, con un déficit que ronda el 3,9% y una deuda pública del 113% está en el bloque de países con mayores desequilibrios, junto con Francia, Italia, Bélgica, Portugal y Grecia. Los países con déficit y deuda excesiva por encima de esas cifras deberán negociar con Bruselas una senda de ajuste adaptada a su coyuntura económica, pero con un ajuste mínimo anual del 0,5% del PIB. Bruselas además actuará contra los países que no respeten ese objetivo o no acaten las recomendaciones.
El gobierno de coalición envío a finales de mayo una actualización del Plan de Recuperación aprobado en 2021, donde se comprometía -entre otras cosas- a bajar el déficit al 3% en 2024 para recibir los pagos pendientes de subvenciones y acceder a los 84.000 millones en préstamos. Pero en Bruselas exigen más con las “recomendaciones de obligado cumplimiento” que ha de cumplir España.
A partir de la primavera de 2024 la Comisión Europea iniciará la apertura de procedimientos por déficit excesivos sobre los datos de 2023. La Comisión emplazará al nuevo gobierno a un ajuste fiscal, no del 0,5%, sino del 0,7%, es decir: recortes por 9.450 millones de euros anuales que van a marcar los presupuestos del próximo año que se aprueben. Y pedirá al nuevo gobierno que retire las medidas para contener la inflación -como las ayudas fiscales a los alimentos, a los combustibles o las ayudas del transporte y a los alquileres- y, además, pedirá “más énfasis” en el control de la deuda. A partir de 2024 tendrá cuatro años para reducir el mínimo del 1% anual.
Y la OTAN exige más gasto militar, es decir, recortes sociales
Las exigencias al nuevo gobierno no vienen sólo del FMI y Bruselas, también la OTAN y EEUU presionan para que los miembros de la Alianza, incluida España, aumenten sus gastos de defensa hasta el 2% del PIB. Un objetivo que el gobierno de coalición se ha comprometido a cumplir progresivamente desde el 1,2% actual hasta alcanzar el 2% en 2029; lo que supondrá casi duplicar los gastos actuales de defensa, casi 11.000 millones de euros más cada año. Una exigencia que aumenta aún más los recortes que se le van a reclamar al nuevo gobierno, y que supone más los recortes sociales, de sanidad y educación.
La alternativa, redistribuir la riqueza y defender la soberanía nacional
La única alternativa es una reindustrialización de España -no decidida por la inversión extranjera-, una industria propia -decidiendo nosotros mismos en qué invertimos-, con un proyecto de país, de redistribuir la riqueza, de invertir en educación, cultura y ciencia para que toda la juventud que estamos preparando no tenga que irse al extranjero. Pero para eso hace falta que paguen los bancos y los monopolios lo que no pagan -para que el Estado no se endeude con ayudas paliativas- eso es realmente redistribuir la riqueza y defender la soberanía nacional.
