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La gestión de los ecosistemas fluviales y las inundaciones en Cantabria

La gestión de los ecosistemas fluviales y las inundaciones en Cantabria

Por Emilio Carrera Miembro De Ecologistas En Acción-Cantabria | 06/10/2019

  Transcurridos casi 20 años desde la aprobación de la Ley de Aguas (2001) –por no hablar de la inoperancia de la anterior de 1985 que no aprovechó la coyuntura ni elaboró un programa  preventivo a largo plazo  cuando la amenaza del cambio climático y de fenómenos extremos de sequías e inundaciones eran ya una realidad– es incomprensible que no se haya producido la transferencia de las competencias de la Administración Central al Gobierno de Cantabria sobre los ríos que discurren por el interior de la región  y la cooperación con Confederaciones, Ministerio de Transición Ecológica y CC.AA,s vecinas para la gestión conjunta de los ríos o cuencas compartidas. Transferencias que habrían desarrolladp de los programas LINDE y PRITCRA sobre el Dominio Público Hidraúlico –o el llamado "Deslinde Probable"– y la rehabilitación de cauces y riberas, para optimizar y coordinar las actuaciones de ordenación territorial y planificación urbanística sobre los ecosistemas fluviales que siguen, además, careciendo de referencias fundamentales como una Ley del Suelo que apenas ha prestado atención al problema, un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Cantabria (PORN)  y el de Ordenación del Territorio (PROT) como instrumentos fundamentales para regular usos y actividades más respetuosos con las dinámicas fluviales y las llanuras de inundación. Situación que condiciona muy negativamente las acciones estructurales que requiere la planificación hidrológica al estar gravemente hipotecada por la enorme dispersión de competencias y los problemas de coordinación institucional que supone la confluencia y el solapamiento de las Consejerías de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, de la C.Hidrográfica y la D. de Costas, del SEPRONA, de la Consejería de Obras Públicas con sus competencias en Urbanismo y Ordenación del Territorio, y de los propios Ayuntamientos en los mismos ámbitos territoriales, impidiendo la adopción de criterios comunes, aplazando las actuaciones necesarias, despilfarrando inversiones o viéndose obligadas a minimizar o corregir los impactos que otras Administraciones Públicas producen....además de retrasarse u olvidarse de forma prolongada los pagos e indemnizaciones por los daños causados en las zonas afectadas  

 

    En este sentido, la ejecución de un Plan de Gestión Integral de los Recursos Hídricos se hace imposible, entre otras prioridades, por la indefinición de las funciones de las instituciones implicadas y el carácter ambulante que ha sufrido la Consejería de Medio Ambiente en los últimos años; por la indiferencia de la Consejería de D. Rural en sus ámbitos preferentes; por el incumplimiento de las  Directivas Marco del Agua, de la Directiva Europea de Inundaciones de 2007 y del Plan de Gestión de Riesgos de Inundaciones; y por la falta de una exigente normativa  de los LIC en zonas húmedas continentales y litorales de la Red Natura 2.000  para garantizar la función de los ecosistemas fluviales como corredores ecológicos con una mayor proyección longitudinal y transversal, figuras específicas de protección a tramos o lugares concretos, y  vigilancia estricta sobre los impactos de iniciativas privadas o públicas en viviendas o suelos urbanizables, infraestructuras o industrias próximas a los cauces fluviales, a las áreas de contacto de las aguas marinas con las continentales, a las subterráneas, y a la consideración de los ejes fluviales como corredores verdes y recreativos, soportes de la conectividad biológica y piezas imprescindibles en la articulación ambiental del territorio. Todo ello sin perjuicio de la mayor atención  – que dejaremos para otra ocasión–  al Patrimonio Hidraúlico formado por puentes, pasarelas, vados, presas-labio, canales, molinos, minicentrales hidroeléctricas.... – o a testimonios relevantes asociados como puedan ser monumentos naturales o paisajes protegidos de los que, por cierto, no hay ninguno declarado como tales en toda Cantabria

     

   Pero no es solo la ausencia de una normativa básica –o el incumplimiento sistemático de la existente– la causa de mayores impactos de las inundaciones si nos fijamos en la insensibilidad ambiental de la filosofía ingenieril que subyace en la agresiones a cauces, riberas y ecosistemas fluviales en Cantabria  y  la dureza extrema de los indiscriminados encauzamientos salvajes con escolleras –frente a las respuestas más blandas de la vegetación natural, de los viejos gaviones o de los trazados sinuosos y meandriformes de los cauces originales–, extracción y movimientos de áridos, rellenos, vertidos, privatización de márgenes y cauces fósiles, ruptura de tránsitos peatonales, captaciones irregulares, desprecio a los caudales ecológicos, impermeabilización creciente...,    al concebirse como meros canales de desagüe  e ignorando su inserción en ecosistemas fluviales y cuencas hidrográficas necesitadas de una visión más amplia, integral, mutidisciplinar e interactiva; y, sobre manera, por el papel amortiguador que deberían desempeñar las repoblaciones de especies autóctonas en los planes de restauración hidrológico-forestal en márgenes y llanuras fluviales con la ampliación en anchura y densidad de los bosques de galería y las formaciones de ribera, y la consolidación o ampliación en laderas y montes de la vegetación natural para reducir fuerza y velocidad de las escorrentías superficiales, aumentar el esponjamiento, infiltración y retención de los suelos ante las fuertes precipitaciones, evitar los frecuentes argayos, deslizamientos de ladera e consistencia de la estructura edáfica y la inestabilidad de taludes y pendientes con los drenajes adecuados,  aplicar criterios muy selectivos en  tiempo y oportunidad de talas a matarrasa de pinos y eucaliptos, y prohibir la eliminación de la vegetación arbórea y arbustiva autóctona en vías de acceso, pistas forestales y en torno a canales y arroyos.

 

    Por otro lado, el mayor grado de naturalidad que, en principio, podría desprenderse de la observación de las áreas rurales o más aisladas de los núcleos o las periferias urbanas, no debe ocultar algunas transformaciones sumamente negativas para los ecosistemas fluviales y la necesidad de programas más exigentes de neutralización de la contaminación difusa y vertidos agroganaderos, a recuperar los pequeños regadíos por derivación de los cauces que mantienen la humedad ambiental de vegas y mieses, a recomponer las estructuras de mosaico y paisajes de cercas –setos, hileras arboladas o arbustivas, paredes en seco de cantos rodados...– que reducen la evaporación excesiva por el sol o el viento, bombean fertilidad, y ahorran recursos hídricos...., y  a introducir tratamientos más respetuosos en  los cursos menores y los arroyos, vaguadas o canales de circulación permanente o esporádica –donde se han cubierto, estrechados o emparedados sus cauces, reducidas las luces de desagues,  sustituidas las técnicas blandas y manuales en limpieza y mantenimiento, mucho más baratas y generadoras de empleo, por el abuso de maquinaria pesada y los impactos irreversibles sobre sus condiciones naturales,  y los hábitats y la flora y la fauna que les caracterizaban– que han quedado fuera, también, de actuaciones que ignoran la importancia local –y, a su vez, por acumulación, para el conjunto de las cuencas a las que pertenecen– de unos ecosistemas fluviales fundamentales para regular o amortiguar la intensidad de las lluvias, frenar los procesos de concentración rápida de los caudales aguas abajo y contrarrestar la violencia de inundaciones o gotas frías en sus entornos inmediatos, cada vez más desprotegidos de los cortejos arbóreos o arbustivos y de los colchones vegetales que les rodeaban, y devaluados, también, en su condición de corredores ecológicos y soporte de la biodiversidad

 

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