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  Los vacíos electorales: La oportunidad del 26-M

Los vacíos electorales: La oportunidad del 26-M

Por Emilio Carrera Miembro De Ecologistas En Acción-Cantabria | 22/05/2019

    Las elecciones municipales, autonómicas y europeas del próximo 26 de Mayo  han venido retratando una de las carencias más relevantes de nuestro sistema democrático como lo hicieran en mayor o menor medida las pasadas elecciones generales –al seguir olvidando, por ejemplo, la impregnación del pensamiento verde en todos los niveles y asignaturas del sistema educativo o la visión global de las políticas ambientales por citar algunas de las flagrantes ausencias– y, en particular, los criterios de confección de las listas y los perfiles de los candidatos a representar a los ciudadanos en las instituciones

 

   Unos criterios que han dejado al margen los debates necesarios en el interior de los partidos y sus vinculaciones con la sociedad civil a la hora de seleccionar con rigor y mayor exigencia la idoneidad y competencia de aquellos aspirantes a eurodiputados, diputados y concejales en vez de haber vuelto a privilegiar la presencia de quienes no han hecho más que cultivar obediencias ciegas, clientelismos domésticos o familiares, y demostraciones de fidelidades personales e interesadas para tratar de ocupar puestos institucionales de relevancia o desempeñar funciones políticas en directa  proporción a sus vaporosas trayectorias laborales o sus inciertas aptitudes socioprofesionales.

 

   Por si no fuera poco, los debates sobre las propuestas y el contenido de los programas electorales en los variados ámbitos donde se produce la contienda electoral han brillado por su ausencia, han carecido de la coordinación adecuada –municipal, autonómica y europea– y siguen dejando pendiente las cuestiones más relevantes y urgentes sobre los problemas que afectan a la mayoría de los ciudadanos y a las profundas limitaciones de las distintas Adminitraciones Públicas.

 

    En primer lugar porque no se establecen los mecanismos oportunos para que los poderes ejecutivos –los Ayuntamientos, el Gobierno autónomo, y no digamos la Comisión Europea– cumplan con la legislación vigente en capítulos tan relevantes como la Ley de Información, Transparencia y Buen Gobierno   que sigue dejando huérfanos a los ciudadanos de un acceso fácil y rápido a la documentación, los permisos o la actividad de unas instituciones incapaces de un uso inteligente de las viejas y las nuevas tecnologías para hacer llegar en tiempo y forma sus quehaceres diarios o el desarrollo de sus funciones, incluyendo, de manera periódica, los balances o cumplimientos de sus programas de gobierno.

 

  En segundo lugar, porque los Juzgados de Primera Instancia, el Tribunal Superior de Justicia o la Fiscalía siguen sin disponer de  los medios necesarios para responder a las denuncias o actuar de oficio en las frecuentes irregularidades –cuando no en la delincuancia pura y dura– de una clase política cada vez más blindada por los aforamientos, la burocracia, las prescripciones y los prolongados retrasos en las resoluciones de la Justicia, dentro de la ineficacia o la complicidad de las instancias de control y seguimiento a la hora de garantizar la obligatoriedad de las auditorías en las cambios de gobierno o los inicios de las legislaturas, de reforzar la autonomía de Tesoreros, Interventores y Secretarios en el desempeño de sus labores, o de facilitar la presencia del Tribunal de Cuentas en el análisis de los  presupuestos, los procedimientos de adjudicación de partidas, servicios y obras a empresas y particulares, o las prácticas de cártel u oligopólicas, el tráfico de influencias y el uso de información privilegiadas, las maquinaciones para alterar el precio de las cosas o las tarifas de servicios...

 

    En tercer lugar porque pasan los años y las décadas sin que el Gobierno de Cantabria ni los propios Ayuntamientos –¿dónde está la Federación Cántabra de Municipios?– aprueben una Ley de Comarcas y Mancomunidades que acabe con el exceso de 102 municipios y los solapamientos entre agrupaciones donde se repite la presencia de muchos de ellos con el correspondiente aumento del gasto y la frecuente falta de optimización en el reparto de las inversiones,  incluyendo las perversiones originadas por las limitaciones en la financiación local y las relaciones clientelares y de subordinación en la concesión de subvenciones por las distintas Consejerías con las consiguientes discriminaciones ideológicas y partidistas o la arbitrariedad en la satisfacción de las auténticas o prioritarias necesidades de cada municipio.

 

   En cuarto lugar, porque siguen en un mar de confusiones las transferencias de las Leyes Estatales a la Comunidad Autónoma que son objeto de interpretaciones contradictorias o ajenas a sus objetivos originales como ocurre con la Ley de Aguas –donde la transferencia de la gestión de los ecosistemas fluviales que discurren íntegramente por el interior de Cantabria siguen sin realizarse–, o con las Leyes estatales del Suelo, Minas, Montes o Costas que no eliminan las ambigüedades en la aplicación de su articulado, su incompatibilidad con muchas disposiciones autonómicas o los estudios rigurosos sobre el equilibrio entre su rentabilidad económica, social y ambiental.

 

   En quinto lugar, porque, entre otras razones y disputas internas, los gobiernos de Cantabria del signo que sean lleven también décadas sin ser capaces de elaborar leyes  o planes tan decisivos para garantizar la seguridad jurídica, el desarrollo sostenible, la conservación del paisaje y del patrimonio Natural y Cultural..., como es el Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT), el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Cantabria (PORN), el catálogo de  Paisajes Relevantes, los LIC,s o Zec,s Continentales y Litorales, los criterios de elaboración de los Planes Generales de Ordenación Urbana, las Normas Subidiarias de Planeamiento o las Evaluaciones de Impacto Ambiental..., imprescindibles entre otras actuaciones para un aprovechamiento racional de los recursos, para la prevención de incendios e inundaciones, para el respeto a la biodiversidad o para la organización, diseño y localización de equipamientos, infraestructuras y servicios .

 

   Por último, y sin ánimo exhaustivo, la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local debería contemplar la obligatoriedad de establecer un porcentaje de los presupuestos municipales y autonómicos con procedimientos participativos a través de la creación de Consejos Sectoriales en Consejerías y Concejalías donde estuviesen representados los tejidos sociales y económicos de Cantabria y los municipios o pudiesen corregirse con, al menos, el 5 % Cultural las disparidades con los excesos de inversiones en instalaciones, espectáculos y actividades deportivas.

 

 

 

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