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28 de abril: una nueva oportunidad

28 de abril: una nueva oportunidad

Por Emilio Carrera Miembro De Ecologistas En Acción-Cantabria | 31/03/2019

La convocatoria de elecciones generales para el próximo 28 de Abril es una nueva oportunidad para abordar algunos de los problemas más graves que se han ido enquistando en el funcionamiento de las instituciones que nos gobiernan y, lo que es peor, arraigándose en la mentalidad colectiva de un electorado inmerso en los círculos viciosos e interactivos de políticos, medios de comunicación y viejas trampas dialécticas y deformativas de las redes sociales y las llamadas nuevas tecnologías.

En primer lugar, y como si los 40 años transcurridos fueran una pesada losa imposible de levantar, se sigue aplazando la reforma de la Constitución para resolver la inoperancia del Senado como cámara territorial –y refugio de elefantes que no encuentran acomodo en otros escenarios o que sirve para la práctica del filibusterismo parlamentario cuando se está en minoría en el Congreso– donde debatir y resolver los problemas de integración y articulación del régimen autonómico para poder consagrar un auténtico sistema federal que organice una racional distribución y definición de competencias entre el Estado y las autonomías para evitar las continuas apelaciones al victimismo, la supuesta discriminación –España nos roba–, en la financiación y el reparto de recursos, o el fomento de los nacionalismos más chauvinistas y narcisistas –incapaces, por otro lado, de verse más allá de su propio ombligo e ignorar el profundo sentido reaccionario de su visión histórica y de sus carencias en las necesarias visiones internacionales y universalistas que requiere la globalización y el multilateralismo– que tanto tiempo llevan condicionando y distrayendo la resolución de los problemas más urgentes de la mayoría de la población española o la superación de los debates que se retroalimentan entre las desaforadas respuestas españolistas y los recalcitrantes y excluyentes independentistas.

En segundo lugar, continúa invariable un sistema y leyes electorales que bloquean la eficacia y la justicia de la representación política al seguir padeciendo graves limitaciones en su proporcionalidad, privilegiando las áreas rurales, manteniendo las circunscripciones provinciales en las elecciones generales –y, en cambio, como ocurre en Cantabria impidiendo una zonificación mejor repartida en los distritos autonómicos–, devaluando el Senado con el sistema mayoritario, y persistiendo en las listas bloqueadas y cerradas para evitar la oxigenación que supondrían las listas abiertas o semiabiertas –incluyendo la posibilidad de tachar algunos de los componentes de las diferentes listas– que rompieran con los vicios adquiridos por los aparatos de los partidos y de muchos de sus integrantes y dirigentes que han encontrado en ellos una forma de vida y una instrumentalización de sus intereses particulares.

En tercer lugar, sigue sin abordarse una profunda reforma fiscal, dentro de las deficiencias de organización de la propia Agencia Trbutaria, con la que garantizar suficientes y permanentes recursos para los cinco pilares del Estado de Bienestar: la Sanidad, la Educación –y el I+D+i–, las Pensiones, la Dependencia, y la Economía Ecológica mediante una mayor exigencia tributaria a las rentas y los patrimonios más altos, al impuesto de sociedades y beneficios empresariales –incluyendo la Tasa Tobín para la circulación de capitales y la tasa Google y Digital a las nuevas formas de organización de firmas y entidades–, a los impuestos verdes, a toda la trama del sistema bancario –con la obligación de devolver los 60.000 milones de euros del rescate que les salvó de la crisis–, y a las sociedades pantalla y los entramados especializados en fraude y evasión de capitales, entre otras medidas que, también, deberían contemplar exenciones a las rentas más bajas o la supresión de la doble imposición del IBI o las retenciones del IRPF para aquellos con residencia principal o en situación de jubilados o población pasiva.

En cuarto lugar, la financiación de los Ayuntamientos depende en exceso de transferencias ajenas a sus propios sistemas de recaudación y a la dotación económica de sus competencias lo que favorece las relaciones clientelares o las discriminaciones en el reparto de subvenciones por los gobiernos autonómicos y estatales en función de las afinidades o falta de sintonía ideológica entre las distintas Administraciones, dentro de sus repetidos incumplimientos de la Ley en la difusión de debates y acuerdos plenarios o de las Comisiones de Gobierno.

En 5º lugar, el equilibrio de poderes entre las instituciones para el control, seguimiento, vigilancia, prevención de delitos o fenómenos de corrupción padece de graves limitaciones en la ineficacia de las Administraciones Públicas –desde los Ayuntamientos o las Consejerías hasta los Ministerios– y en la regulación de los mercados al carecer de medios y competencias suficientes en consejos o comisiones tan ambiciosos, en principio. como el Tribunal de Cuentas –refugio,en muchos casos, de tráficos de influencias o de expertos en la Lay del Embudo–, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno –incapaz de informar con diligencia o establecer sistemas de páginas webb accesibles para todos los ciudadanos a todas Administraciones–, la Comisión Nacional del Mercado de Valores –muy poco operativa contra la especulación bursátil–, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia –que actúa solo muy ocasionalmente contra las prácticas de cártel u oligopólicas o contra las maquinaciones para alterar los precios–, o los Cuerpos de Interventores sin la autonomía y profesionalidad que requieren en el ejercicio de sus funciones.Y todo ello, por supuesto, pendientes de la reforma de la Administración de Justicia, los retrasos y discriminaciones habituales, la parcialidad y favoritismos de sus resoluciones, y la flagrante inoperancia de las Fiscalías sobre todo en materia de medio ambiente lo que explica, entre otras cosas, que España sea el país de la UE que más sanciones ha recibido en tal capítulo.

Y en sexto lugar –que bien podría ser tan prioritario como los demás– está el problema del funcionamiento y la democracia interna de los partidos, cada vez más sujetos al enquistamiento de dirigentes profesionales, ajenos a la vida activa, o que acaban siendo cómplices del peor sistema clientelar en vez de facilitar los debates y la participación de unos militantes que se encuentran, con demasiada frecuencia, con todo tipo de obstáculos para ejercer la crítica y el seguimiento de sus dirigentes u obligados a aceptar la disciplina y la obediencia ciega a los postulados de la organización.

 

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