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                           En el momento que se les dé traslado

En el momento que se les dé traslado

Por Gabriel Gómez Cano | 28/09/2018
Mucho se viene especulando  en las últimas horas  sobre la dimisión de los dos concejales socialistas  en la Corporación municipal de Santoña inmersos en el procedimiento penal  que se sigue  por fraccionamiento de contratos de servicios  en el mandato municipal  comprendido  entre 2003 y 2009. Es sencillo, por cuanto únicamente hay que  ir de manera directa  al Código Ético del PSOE. Y en este sentido  el texto es taxativo y marca el momento  en el que los ediles deben de dimitir: “Cualquier cargo público u orgánico del PSOE al que se le abra juicio oral por un procedimiento penal dimitirá de su cargo en el mismo momento en el que se le dé traslado del auto de apertura del mismo y solicitará la baja voluntaria. En caso contrario, será suspendido cautelarmente de militancia y, en su caso, expulsado del partido”. O sea,  que en este caso, de acuerdo con  el citado Código Ético, tanto Jesús Valle Rosete como  María Antonia Alonso Quintana, tendrán que dimitir cuando reciban el auto de apertura  del procedimiento penal. No caben interpretaciones ni personales, ni subjetivas.
Pero esta aplicación del Código  Etico afecta también a  varios cargos orgánicos del PSOE en la Ejecutiva Municipal  de Santoña que, sin estar en la Corporación(algunos se encuentran en la lista electoral y deberán de renunciar cuando les llegue el turno, caso de Carmen Leiva y Pedro López Rasines, secretario de Organización este último):”Toda persona que ostente cargo o responsabilidad pública u orgánica vinculada al PSOE, en el caso de que resulte imputado por una resolución judicial, dará cuenta de las concretas acusaciones o delitos que se le imputan ante la Comisión Ejecutiva Federal, que trasladará esta información a la Comisión Federal de Ética y Garantías y, en su caso, ante la Comisión de Garantías de Igualdad a fin de que, si es preciso, estos órganos puedan adoptar o recomendar la adopción al órgano competente de las medidas estatutarias oportunas en atención a los hechos y a su gravedad. Si la persona afectada no informara en los términos expuestos en este apartado, será cautelarmente suspendida de militancia a la espera del resultado del preceptivo expediente informativo o, en su caso, disciplinario”. Es decir, la situación también afecta a los cargos orgánicos inmersos en la causa que deberán de dar cuenta a la Comisión Ejecutiva Federal.
Apurar los plazos no parece aconsejable  dados los momentos y tiempos  políticos que se viven en estos momentos. Sabia y acertada decisión la adoptada  por Puerto Gallego. La exalcaldesa renunció  a su escaño de diputada en  septiembre de 2016 tras ser imputada por el Supremo por un delito de prevaricación continuada en la adjudicación de contratos en dicho municipio. El juzgado 2 de Santoña envió al alto tribunal una exposición razonada que apuntaba la existencia de indicios incriminatorios contra la diputada.Gallego, antes  de conocerse la resolución judicial, ya había anunciado  que dejaría su escaño  en el Congreso en el mismo momento que fuera imputada. Y así lo hizo. Valiente y loable a ctuación.
En este contexto falta por conocer el posicionamiento de la Ejecutiva  regional  socialista en relación a este  proceso penal  que  se extiende no solamente a   dos de sus concejales en la Corporación municipal de Santoña, sino a una parte importante de su Ejecutiva municipal. Se abren tiempos de zozobra, que indudablemente dejarán huella.
 
 
 
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