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Las obras públicas, el asfaltado de cerebros y otras sutiles artes de la alienación política

Las obras públicas, el asfaltado de cerebros y otras sutiles artes de la alienación política

Por Emilio Carrera Miembro De Ecologistas En Acción-Cantabria | 10/02/2018
      Las políticas de obras públicas han sido históricamente uno de los instrumentos más frecuentes para que los regímenes autoritarios las hayan convertido en la propaganda y la supuesta eficacia de sus respectivos gobiernos.  Sin embargo, tampoco los sistemas democráticos han sido incapaces de sustraerse a una serie de viciosos procedimientos en la redacción de los proyectos, la adjudicación de su realización –sea directamente o por la iniciativa privada–, y los criterios clientelares en función de sus afinidades políticas o repartos de favores para asegurase apoyos electorales o financiaciones de campañas, envueltos todos ellos –los proyectos, las adjudicaciones y los criterios clientelares– en conductas claramente delictivas a través del pago de comisiones, prevaricaciones, sobornos y cohechos, tráfico de influencias, uso de información privilegiada..., que, como bien se ha podido comprobar–aunque hayamos asistido solo a la punta del iceberg–, han sido prácticas habituales en España por todas las Administraciones –municipales, autonómicas y estatal– al construir carreteras, autovías, ferrocarrilles, puertos, aeropuertos, viviendas o infraestructuras de saneamiento y depuración, abastecimiento de agua y regadíos, telecomunicaciones, explotaciones mineras, aprovechamientos forestales...
 
   Actividades económicas que tienen, además, la particularidad de haberse convertido en los últimos tiempos  neoliberales en un negocio seguro y sin riesgos para las grandes empresas a través de las privatizaciones generalizadas de la infraestructuras, equipamientos y servicios básicos cuyas obras han sido financiadas por las distintas Administraciones del Estado que han renunciado a su gestión directa –y a sus beneficios económicos, sociales y ambientales– en aras a la supuesta aptitud o superior eficacia de esa iniciativa privada que ha sabido prosperar a la sombra de los poderes establecidos y los regímenes de oligopolio, mercados cautivos,  ausencia de competencia, prácticas de cartels para reforzar aún más sus posiciones de privilegio e imponer precios y condiciones de acceso a sus mercados para usuarios o consumidores de sus ofertas o productos con la ventaja añadida, por si fuera poco, de sus rebajas fiscales en los impuestos de sociedades, la extrema tolerancia con el trasiego de dinero negro o su recurrencia a los paraísos fiscales, la manipulación de tarifas cuando pretenden ser mínimamente reguladas, o los oscuros repartos de beneficios entre sus dirigentes o accionistas.
 
   Pero las trampas de todos estas ingenierías contables y artificios financieros no acaban en esta antología de delitos porque el despilfarro de los recursos disponibles          –los propiamente económicos del Estado pero también aquellos de carácter social, natural, ambiental o cultural– se amplía con muchísima más frecuencia y magnitud bajo la apariencia de una "legalidad" experta en crear necesidades artificiales o superfluas, marginar los objetivos más urgentes y prioritarios, dejar al margen los impactos sobre el medio ambiente, recortar los servicios públicos – sanidad, educación, pensiones, dependencia...– que aún resisten las privatizaciones y garantizan la universalización del Estado de Bienestar, e ignorar las rentabilidades o externalidades que no encajan en su balance de beneficios cuanto más rápidos e inmediatos, mejor. Una supuesta legalidad que olvida, con sospechosa reiteración, el control y seguimiento de las obras en su ejecución o mantenimiento; que no duda en inflar el alcance y volumen de los proyectos aprobados con encarecimientos añadidos y modificados tramposos; que certifica alegremente facturas, contratos, calidades y contenidos; y que, además, para rematar la defraudación y los engaños sistemáticos, se acompaña  –y esto sí que son auténticos lavados de cerebros– de toda una estrategia propagandística sobre las virtudes de políticos, instituciones, técnicos y empresas responsables. Porque no hay peor política que la que no establece prioridades ante tantas necesidades sociales, educativas, sanitarias, de conservación y restauración del patrimonio Natural y Cultural, de corrección de impactos ambientales, de dinamización de los tejidos productivos locales y desarrollo endógeno; que no aspira al equilibrio entre la rentabilidad económica, social y ambiental de las inversiones que realiza; que cree que las infraestructuras viarias son la panacea con su extensión indiscriminada, desproporcionada y agresiva; y que  olvida que la movilidad y el transporte sostenibles son algo más que apurar la accesibilidad a la mayor velocidad posible hasta el último rincón o infrautilizando ejes viarios sin estudios previos sobre la naturaleza y la composición de tráficos–, ignorando flujos existentes o razonablemente previsibles y dejando al margen medidas de ordenación territorial, planificación urbana, fiscalidad ecológica, educación ambiental, seguridad viaria, itinerarios alternativos públicos y colectivos con arcenes peatonales, redes de carriles bici ––y no tramos aislados y desarticulados  a modo de decorado ambiental–– , el ferrocarril convencional y de cercanías…..., al servicio de la calidad de vida de los ciudadanos e intereses mayoritarios, y no de la consideración del automóvil como el rey de la creación o de un turismo de élite navegando por mares, ave,s y cielos.
 
    Es necesario, pues, una reforma en profundidad de la ley de Contratos del Estado y de las Administraciones Públicas con la exigencia de estudios rigurosos sobre los proyectos aprobados y adjudicados; con la transparencia, igualdad de oportunidades y pluralidad de las comisiones de contratación; con la autonomía y profesionalidad de la CNMV, la CNMC,  los Tribunales de Cuentas, Interventores, Secretarios, Tesoreros y Recaudadores; con compromisos explícitos sobre los acabados finales; con información pública y participación ciudadana;  y con las dimensiones y alternativas adecuadas a los límites ambientales y el respeto al Patrimonio Natural y Cultural. Y tal vez así se consiga que disparates y derroches de los dineros públicos como han sido en España la quiebra de las autopistas radiales, aeropuertos sin aviones, los sobrecostes de los AVE,s, el proyecto Castor, desaladoras e infraestructuras hidraúlicas, rescates bancarios –muchos de ellos en función de las financiaciones suicidas a promotoras de obras públicas–; o como en Cantabria la demolición de viviendas, la impunidad del cartel del asfalto, el empecinamiento en los macropuertos de Laredo o San Vicente, los graves errores de los diques de la Magdalena, la senda costera o las escolleras de Costa Quebrada, los puentes innecesarios sobre el Saja en Golbardo y Virgen de la Peña, la ilegal depuradora de la Vuelta Ostrera, la anulación de las variantes de Oyambre y Comillas, los riegos indiscriminados de alquitrán y hormigón, la renovación o reparación de viales pésimamente trazados y sin estudios previos..., sean sustituidos por programas de pacificación del tráfico y las dimensiones ecológicas en la planificación urbanística y la ordenación territorial, en los desplazamientos urbanos e interurbanos, en la mejora e impulso a los transportes públicos, las conexiones intermodales..; por un plan de viviendas públicas y sociales; por inversión en I+D+i; por la corrección del déficit en equipamientos geriátricos, pensiones, dependencia, sanidad y educación; por la generalización de restauraciones ambientales y de los núcleos históricos o cascos urbanos frente a la invasión  del suelo rústico...
 
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